Este martes, 10 de enero, ha sido polémico en el departamento de Antioquia por cuenta de un comunicado de prensa que emitió Empresas Públicas de Medellín (EPM), donde ordenó decretar medidas cautelares contra Bello por un millonario litigio judicial que pone en riesgo las finanzas de este municipio del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
La confrontación no es nueva. Hace trece años la compañía de servicios están tratando de recuperar el dinero que, supuestamente, entregó de más al adquirir el terreno donde construyó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Aguas Claras. En 2009 le suministró a esta Alcaldía más de 89 mil millones de pesos, hoy los está reclamando.
Ese saldo correspondió a la liquidación del efecto plusvalía. Es decir, EPM pagó más plata por el inmueble donde edificó la obra a cambio de que se modificara el uso que tenía el terreno, reglamentado en el plan de ordenamiento territorial, para cumplir sus objetivos sin violar las políticas urbanísticas que estaban definidas por el municipio de Bello.
Ante unas presuntas inconsistencias que Empresas Públicas de Medellín habría encontrado en este proceso, instauró una denuncia para recuperar lo que invirtió. Así las cosas, en una sentencia del 18 de diciembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Antioquia tomó la primera decisión que agitó la fuerte confrontación judicial.
“Le ordenó al municipio de Bello restituir la suma cancelada, debidamente actualizada. El municipio y la Procuraduría General de la Nación apelaron esta decisión. El 3 de diciembre de 2020, el Consejo de Estado ratificó que el municipio estaba obligado a devolver la suma descrita, actualizada hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia”, contó la compañía.
En el comunicado divulgado ante los medios de comunicación, EPM denunció que solicitó en reiteradas ocasiones a la administración el pago de las obligaciones que fueron ordenadas, pero no llegaron a un acuerdo que obligó a los directivos a tomar una medida que es impopular y podría poner en riesgo la estabilidad financiera del pueblo.
La Unidad de Crédito y Gestión de Cartera inició un trámite de cobro coactivo por 132 mil millones de pesos. Este recurso le permite cobrar cuentas pendientes por sí misma. Eso implicaría un problema mayúsculo para la administración de Bello porque no tendría control sobre el dinero público, así lo manifestó en las últimas horas la Alcaldía.
Se confirmó que le está haciendo contrapeso al “proceso coactivo iniciado por EPM que implica el embargo de sus activos. EPM pretende embargar abusivamente las cuentas del municipio”. La defensa del pueblo está tratando de comprobar que este recurso no tendría solidez legal a razón de que un fallo del Consejo de Estado los beneficiaría.
Este mismo tribunal se pronunció en dos oportunidades. En la primera, le dio la razón a Empresas Públicas y, en la segunda, se inclinó hacia Bello. El choque de trenes de la sección Cuarta tiene en vilo este pleito. Con la última palabra que emitieron los togados, la Alcaldía tratará de ganarle la pelea a EPM porque las consecuencias serían delicadas.
Pero la compañía anticipó que, dentro del procedimiento administrativo de cobro coactivo, el municipio desconoció su obligación de pagar la suma de dinero y solicitó la terminación de las exigencias en “argumentos jurídicos que fueron declarados improcedentes”. Los riesgos serían inminentes, según el panorama que planteó EPM.
Además de los 132 mil millones de pesos que están pendientes, la cuenta está subiendo con el paso de los días por cuenta de los intereses de mora que persistan hasta el día en que la administración municipal resuelva cancelar la ‘culebra’. Esto se irá para largo, pues la Alcaldía no está dispuesta a ceder prontamente porque considera que tiene la razón.