Los municipios del nordeste, Urabá, suroeste y occidente antioqueño viven horas críticas por cuenta del paro armado impuesto por el Clan del Golfo tras la extradición de alias Otoniel. Los habitantes dan cuenta de escasez de productos y los comerciantes suman pérdidas millonarias mientras el Ministerio Público alerta por la violación de los derechos humanos.

A pesar de que el gobierno departamental ha invitado a las poblaciones a retornar a la normalidad, las intimidaciones de los ilegales los mantienen al margen de volver a salir de las calles. En videos difundidos por redes sociales se observan las vías deshabitadas y las puertas del comercio cerradas.

Movilidad

Los valientes que nadan en contra de las pretensiones del Clan del Golfo han sido atacados por los delincuentes: al menos 40 automotores han sido incinerados en las últimas 50 horas. Sin embargo, la violencia en los principales ejes viales de Antioquia está siendo frenada con recorridos programados que son escoltados por aire y tierra.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, detalló que las caravanas se están movilizando desde Medellín hacia Dabeiba y luego se conectarán con destino al Urabá.

“Con caravanas humanitarias paulatinamente se restablece la movilidad en ejes viales principales. Unidos recuperamos la tranquilidad en Antioquia. Cuidamos a transportadores, misión médica y viajeros”, afirmó el mandatario.

A propósito, la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia informó que han perdido más de 2.500 millones de pesos por cuenta de las suspensiones de las rutas intermunicipales donde, según la agremiación, los conductores no tienen garantizada la seguridad.

Con corte al mediodía, las terminales de Medellín dieron a conocer que 17 empresas tienen deshabilitados los recorridos por 40 municipios y ocho territorios departamentales: Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Maicao, Montería, Coveñas, Planeta Rica y Montelíbano.

Desabastecimientos

Por otro lado, la Asociación de Personerías del Bajo Cauca denunció que los pobladores de seis municipios han estado confinados sin posibilidad de abastecer sus necesidades básicas.

“Al tercer día del paro armado tenemos desabastecimiento de alimentos, suspensión de los servicios públicos en salud y educación. Tenemos situaciones como la imposibilidad de transportar cadáveres, víveres. Urge que la Fuerza Pública salga a las calles a generar tranquilidad”, se lee en un comunicado difundido por los personeros.

La afectación se ha agudizado por la escasez de gas a razón de que las cápsulas que los distribuyen no pueden transitar por la alteración del orden público. Con base en los informes de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), son 86.000 familias distribuidas en 13 municipios las que no cuentan con el servicio. De igual manera, la compañía prevé una situación similar en siete localidades.

Frente al hecho, el gobernador aseguró que la Policía está adelantando patrullajes permanentes en las cabeceras municipales y el Ejército en las zonas rurales para dar aires de confianza. En efecto, algunos almacenes de cadena del Urabá volvieron a abrir las puertas y EPM ha restablecido parcialmente sus operaciones logísticas.

Hostigamientos

Para hacer notar su presencia, las subestructuras del Clan del Golfo que delinquen en Antioquia han atacado las instalaciones de cuatro estaciones de Policía en Uramita, Ituango y Turbo.

De momento, el Puesto de Mando Unificado (PMU) que recolecta las afectaciones del paro armado en el departamento no reporta lesionados ni capturas. No obstante, los operativos serán evaluados en un Consejo de Seguridad que acompañarán los ministerios de Defensa y del Interior.

De acuerdo con esas decisiones, el gobernador anticipó: “Desde el territorio, de manera focalizada, estamos trabajando para recuperar la tranquilidad y el orden público en Antioquia. Unidos por la vida y el cuidado de la honra y los bienes de todos los antioqueños”.