A la angustia que se vive en Chocó por cuenta del paro armado que impulsa el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se suma el ataque con explosivo que ilegales protagonizaron contra el alcalde del municipio de Río Iró, Edson Perea.
La Policía Nacional reveló que sujetos desconocidos lanzaron un artefacto explosivo en su residencia, ubicada en el centro poblado de Santa Rita. Milagrosamente, la familia no se encontraba al interior de la vivienda.
Medios locales advirtieron que el mandatario ajusta varios días fuera del territorio mientras recibe atención médica. Sin embargo, dijo que está al tanto de la alteración del orden público y pidió las respectivas investigaciones.
Frente a los estragos de la granada, las autoridades regionales confirmaron que solo fueron daños materiales y ninguna persona resultó afectada. Esta situación encendió las alarmas entre la fuerza pública por el actuar de los criminales.
En esa zona del departamento delinquen estructuras locales, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quienes se sostienen con el tráfico de drogas, el oro y el cobro de extorsiones.
El comandante de la Policía en Chocó, coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, señaló que sus hombres están tras la pista de los sujetos que protagonizaron este incidente. Paralelamente, se investiga la muerte violenta de un hombre.
“Pierde la vida una persona por arma blanca en unos hechos que, hasta el momento, son por intolerancia. Así mismo, la vivienda del alcalde de este municipio sufre una actividad delincuencial. Estamos acompañando a las autoridades para que este hecho quede esclarecido”, manifestó el alto mando de la institución.
Defensoría alerta por paro armado del ELN en Chocó: “No hay tránsito fluvial ni terrestre hacia donde están confinadas 5.600 personas”
La Defensoría del Pueblo realizó un llamado a las entidades nacionales y departamentales para que tomen medidas inmediatas frente a la situación de confinamiento que enfrentan alrededor de 5.000 habitantes del casco urbano de Nóvita, Chocó, y aproximadamente 600 personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares en las zonas rurales, debido a enfrentamientos armados entre el ELN y el Clan del Golfo.
El confinamiento es resultado del paro armado decretado por el ELN en Nóvita y sus alrededores, el pasado 27 de mayo, lo que ha impedido el transporte de caravanas con asistencia humanitaria hacia las personas desplazadas y aquellos que se refugian en el casco urbano, donde las familias locales han brindado alojamiento temporal a aquellos que tuvieron que abandonar sus pertenencias.
“El trabajo interinstitucional debe verse reflejado a la mayor brevedad en beneficio de las cerca de 5.600 personas que están confinadas en este momento en Nóvita. No hay transporte fluvial ni terrestre. Es un llamado urgente que la Defensoría del Pueblo hace para que sean protegidos y garantizados los derechos a la alimentación, al agua potable, a la libre movilidad, a la salud y a la vida de las personas que están en unas condiciones que se están tornando lamentables”, indicó la entidad por medio de un comunicado.
Para hacerle frente a la problemática, la Defensoría del Pueblo está colaborando con otras entidades en acciones conjuntas para establecer un corredor humanitario que permita llevar la ayuda necesaria a Nóvita. “Es imperativo contar con ese paso, la población civil no puede seguir siendo afectada por el accionar indiscriminado de los actores armados ilegales”, añadió.
La situación se agrava aún más debido al colapso de un puente vehicular en el municipio de Río Iró, hace más de 20 días. La estructura permanece destruida y aún no se han iniciado las reparaciones, sin que hasta el momento haya respuesta de las entidades competentes, advierte la Defensoría.
La entidad también solicitó la protección de viviendas y pertenencias de aquellos que tuvieron que abandonarlo todo para resguardar su integridad y vida ante los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo.
Además, hizo un llamado al Gobierno nacional y a las fuerzas de seguridad para garantizar la libre movilidad en la región de San Juan, en la zona centro-sur del departamento de Chocó.