SEMANA accedió a reveladoras informaciones en extensos archivos que dejarían en evidencia posibles hechos de corrupción dentro de la Alcaldía de Medellín en episodios ocurridos entre 2020 y 2023. Hay sospecha de exigencia de coimas a cambio de contratos y presunta financiación irregular en las campañas territoriales.
Las irregularidades tendrían su origen en la Secretaría de Participación Ciudadana y, bajo una coordinación milimétrica, se habrían extendido por otras dependencias con presupuestos millonarios.
Los informantes salpicaron a hombres cercanos a Daniel Quintero y aseguraron que están dispuestos a colaborar con la justicia. Tres empresas que ejecutaron proyectos admitieron que, después de firmar las iniciativas, el distrito les envió emisarios para que entregaran el 15 por ciento del valor total de los convenios. Al parecer, las peticiones se hicieron en reuniones en La Alpujarra; a los invitados les retuvieron los teléfonos y les pidieron la plata en efectivo.
Uno de los asistentes a los encuentros, cuya identidad pidió omitir, narró el paso a paso de la conversación con un servidor público: “Como nosotros nos ganamos un contrato, él me reclamó una parte de las ganancias, incluido el IVA. Me dijo que tenía que colaborar con la causa o frenaban el proyecto. Nosotros nos negamos”.
Otro contratista denunció estremecedoras amenazas porque se opuso a compartir el dinero de un trabajo que elaboró en las comunas más pobres de la capital de Antioquia: “Me llamaron y me comentaron que yo tenía un compromiso adquirido, que debía cumplirlo”. Hasta diciembre de 2023 le pidieron la tajada.Un empleado que vio de cerca cómo se movía el supuesto entramado de corrupción en la Secretaría de Participación reveló que un grupo delictivo habría sido uno de los interlocutores entre la administración y los empresarios: “Cobraban las coimas a nombre de la Terraza”.
Esta persona es uno de los principales testigos en la Fiscalía. La defensa de Juan Pablo Ramírez, quien formó parte de la mesa que tramitaba los proyectos y fue secretario de Inclusión Social, negó esta versión de los hechos y advirtió que tiene todos los elementos para defenderse ante las autoridades competentes. Hoy él es el subdirector de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
Hay un elemento que causa ruido en el expediente. Se trata de un correo electrónico que ingresó a una dependencia del distrito, firmado por un operador logístico de la Secretaría de Participación, en el que se quejó de que no le habían cancelado sus servicios, pues su contratista habría entregado un recurso para un candidato.
Esta persona afirmó en la comunicación: “El señor manifiesta que la factura no la puede pagar (…) ya que él tuvo que entregar un porcentaje para la campaña de Juan Carlos Upegui”.
SEMANA contactó al político en mención, pero se abstuvo de responder a los cuestionamientos. Frente a las posibles irregularidades en la administración, el exalcalde Daniel Quintero manifestó vía WhatsApp a un periodista de SEMANA: “No conozco los temas porque no estoy siendo investigado por ninguno de esos temas. (…). En todos los procesos que estuvieron en mis manos, mostramos rectitud”.
La mochila
La Fiscalía y la Procuraduría también están tras la pista de las presuntas presiones a las que habrían sido sometidos funcionarios de Medellín para aportar parte de su salario u honorarios a la corporación El Futuro se Parece a Nosotros, entidad que se paseó por los pasillos del distrito pidiendo plata para sus objetivos.
Pilar Rodríguez, entonces directora de la Unidad de Niñez, alertó que, supuestamente, líderes de la Secretaría de Inclusión habrían condicionado su continuidad en el cargo a las transacciones que hiciera y la plata que recogiera entre subalternos con el pretexto de impulsar la supuesta candidatura presidencial de Quintero. “Nos dicen que para la campaña se necesita dinero y que el proyecto político para Quintero es a 20 años.
Nos pusieron un documento en el que están trazados los valores para los profesionales, técnicos y bachilleres, para que nosotros, como jefes directos, les cobráramos”, dijo Rodríguez, quien salió del cargo tras negarse a pagar. Esta corporación está legalizada en la Cámara de Comercio de Medellín desde 2008 y declaró un patrimonio de 15 millones de pesos en 2019. Su propósito es la “defensa y promoción de la vida, la paz y los derechos humanos, el desarrollo ambiental, cultural, social y educativo; el fortalecimiento de la democracia”.
SEMANA acudió a sus oficinas, ubicadas en el centro de la capital de Antioquia, y estaban vacías. El administrador del inmueble respondió que se vio en la obligación de echarlos a la calle, pues le deben seis meses de arriendo, más de 4 millones de pesos. Sus voceros no contestaron los mensajes para aclarar el panorama.
Las defensas de Juan Pablo Ramírez y Daniel Quintero confirmaron que la fundación sí pidió recursos en La Alpujarra, pero que los empleados no fueron presionados: “Yo conozco poquito del tema, lo que he visto hasta ahora es que es una fundación legal que ha recibido 21 millones de pesos de manera voluntaria”, agregó el exalcalde.
Entre los donantes aparecen secretarios de despacho de la anterior administración, como Andree Uribe, Sergio López, Cristián Sánchez y Ana María Valle. Tras las comprometedoras acusaciones, el ente de control disciplinario le quitó la investigación a la Personería y la asumió por completo para esclarecer el caso.
Otras polémicas
Tal como lo advirtió el actual alcalde Federico Gutiérrez, son más de 500 hallazgos de presunta corrupción que comprometerían a personas que pasaron por la Alcaldía en los últimos cuatro años. En su mayoría, las supuestas irregularidades se habrían dado en el presupuesto participativo con la bendición de la Secretaría de Participación.
Uno de los escándalos está en el corregimiento San Sebastián de Palmitas, donde a los integrantes del Consejo Comunal y Corregimental de Planeación les dieron indumentaria con costos elevados: 37 chaquetas por 24.348.590 pesos (cada una a 553.000 pesos) y 37 bolsos por 29.842.822 pesos (cada uno a 677.784 pesos).
Veinticuatro miembros del sector cultural de la comuna 3, en medio de un presunto intercambio cultural, emprendieron un viaje por Guaviare y Santa Marta que le costó a la ciudad 211 millones de pesos, aunque en un primer momento se proyectó un tour por Francia, pero la dependencia se negó a patrocinarlo con recursos públicos.
En el corregimiento San Sebastián de Palmitas se priorizó un estudio de suelos por 1.000 millones de pesos en un predio privado con la expectativa de donación y, a última hora, el propietario decidió no donarlo. Hoy la administración distrital cree que hubo una irregularidad que debería ser investigada por las autoridades.
La donación de los famosos 361 marranos que Daniel Quintero dio en la Navidad de 2022 a los habitantes de la ciudad también pasará por la lupa de la Fiscalía, pues la Secretaría Privada de Medellín denunció en las últimas horas que los 400 millones de pesos que se invirtieron en los animales no habrían tenido sustento legal ni técnico.