Los grupos armados convirtieron al nordeste antioqueño en un campo de batalla. El Ejército Nacional confirmó una violenta confrontación de ‘todos contra todos’ que deja incontables violaciones de derechos humanos, según las autoridades locales.
Detrás de los intensos combates están la subestructura Jorge Iván Arboleda del Clan del Golfo, el frente Antonio Galán del ELN y las disidencias de las Farc. Las tres organizaciones están batallando por el control del territorio.
Los hechos se han reportado en el municipio de Segovia, habitado por 41 mil personas y dedicado a la minería. Justamente, la extracción ilegal de yacimientos es la actividad que tiene en puntos opuestos a los criminales.
Este negocio deja cientos de millones de pesos de ganancias que sirven de combustible para su actuar delincuencial. En medio de esa batalla por la plata y la reverencia del pueblo está la población civil atormentada por las balas.
La secretaria de Gobierno de esta localidad, Ana María Espinoza, afirmó en SEMANA que la alteración del orden público tiene en críticas condiciones a las comunidades rurales de la vereda El Carmen, por lo que pide apoyo urgente del Gobierno.
“En la zona hay combates de tres grupos al margen de la ley en medio de la población. Hay graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. La Defensoría es la única entidad presente”, dijo la funcionaria.
Hay denuncias por confinamientos, secuestros, torturas y reclutamientos de menores de edad. Aunque los líderes sociales han advertido sobre posibles asesinatos, no se tiene una cifra exacta de las víctimas que serían combatientes.
Ella pide la creación de un corredor humanitario de manera urgente para atender a la población vulnerable que ha dado cuenta de desabastecimiento de alimentos, medicinas y servicios por cuenta de las amenazas de los actores armados.
El gobernador Andrés Julián Rendón se pronunció sobre las emergencias por medio de sus redes sociales y envió un ‘agrio’ mensaje al Gobierno nacional dado que las autoridades no estarían actuando de acuerdo con sus pretensiones.
“Que nos expliquen el supuesto cese al fuego. Tenemos combates entre ilegales en zona rural de Segovia. Civiles atemorizados por bandidos con los que están negociando el embeleco de la paz total. La Fuerza Pública, atada de manos”, dijo.
Las amenazas no son exclusivas para los campesinos y mineros, también tocaron las puertas del palacio municipal. El alcalde y la secretaria de Gobierno recibieron espeluznantes mensajes donde les anticipan posibles afectaciones.
Si bien los dos son custodiados por la Policía Nacional, creen necesario multiplicar los esfuerzos y claman por los servicios efectivos de la Unidad Nacional de Protección, pues su vida es amenazada por los criminales.
Las Fuerzas Militares ya llegaron a la zona con más de 200 hombres: “Los uniformados permanecerán en la región realizando operaciones en varios puntos y, de manera móvil, ayudarán a que las confrontaciones cesen”.
La institución indicó que, además del oro, las organizaciones también están persiguiendo el manejo de los cultivos ilícitos, los laboratorios para el procesamiento de droga y la extorsión a comerciantes, ganaderos y transportadores.
Frente a este turbulento escenario, las autoridades invitaron a denunciar. Se dispuso de la línea gratuita 107 para que se pueda alertar a tiempo, de manera segura y bajo absoluta reserva, sobre acciones que ayuden a debilitar a los grupos ilegales.