María Camila Villalba desapareció de la noche a la mañana en el Bajo Cauca antioqueño. La vieron por última vez en el municipio de Caucasia y los familiares volvieron a saber de ella cuando un grupo de organismos de socorro la rescató de las aguas del río Nechí, zona en disputa entre los ilegales del Clan del Golfo y los hombres que quedan de los Caparros.

El cadáver de la joven estaba torturado y en alto grado de descomposición. Una comisión de derechos humanos llamó a la Defensa Civil de El Bagre y tomaron una lancha por el afluente. La comisión llegó hasta la mitad del caudal donde se veía un cuerpo flotando que fue arrastrado hasta la zona urbana del pueblo, donde lo esperaba la Policía Nacional.

Las unidades judiciales recogieron a la víctima en el sector donde se arruman las embarcaciones que se mueven por la subregión. Luego de varios días de investigación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que el cadáver sí correspondía a María Camila Villalba, la mujer que buscaban por todos los rincones del Bajo Cauca.

Al parecer, este crimen se suma a la lista de homicidios que está dejando el enfrentamiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) con los Caparros por el control territorial, quienes se rebautizaron este año. Estos últimos se habrían adjudicado el asesinato de la joven luego de registrar en videos los vejámenes que le impusieron.

Tal como lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo, en los municipios que integran esta subregión hay miedo y zozobra por las incursiones armadas que protagonizan los dos bandos. Los delincuentes quieren ser los titulares exclusivos de la comercialización del microtráfico, explotación de yacimientos mineros y las extorsiones.

Desde que el terreno está en confrontación, el Ministerio Público ha documentado un incremento en los desplazamientos masivos, homicidios selectivos y reclutamiento de jóvenes para hacerse contrapeso. En el mes de agosto salieron del municipio de El Bagre cerca de 17 personas que fueron amenazadas por una de las dos organizaciones.

Los delincuentes tienen un documento donde aparecen los nombres de los presuntos colabores de cada lado. En publicaciones divulgadas en las redes sociales les advierten que deben abandonar el territorio o atenerse a las consecuencias. En medio de los disparos, han muerto personas inocentes que compartían los apellidos con uno de los enlistados.

Los ecos de la paz no han llegado a este rincón de Antioquia. Los congresistas del Pacto Histórico han levantado la voz por la ola de violencia a la que están siendo sometidas las poblaciones de Caucasia, Zaragoza, El Bagre y Nechí a razón de que hay altas probabilidades de vulneraciones a los derechos humanos. Uno de ellos es la representante Susana Boreal, quien se mostró conmovida por el homicidio de Villalba.

“En El Bagre, Bajo Cauca Antioqueño, la joven María Camila Espitia Villalba fue torturada salvajemente y registrada en un video que fue enviado a sus familiares. No es posible que sigamos permitiendo la violencia desaforada, es urgente que construyamos la paz. Ya son 37 homicidios en el municipio de El Bagre en este año”, afirmó la congresista.

Para atender las emergencias, la Gobernación de Antioquia ordenó redoblar la presencia de la Fuerza Pública y entregar millonarias recompensas por las cabezas visibles de las organizaciones delincuenciales que están sembrando terror en la región. Por ejemplo, está dispuesta a entregar $ 100.000.000 por alias Negro Cristián, presunto líder de los Caparros.

Si en el Bajo Cauca llueve, en el nordeste antioqueño no escampa: las comunidades están en medio del fuego cruzado del Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las autoridades también ordenaron la instalación de un puesto de mando unificado por la vida con el fin de atender las necesidades de los civiles.