Transportadores de carga de Antioquia reportan millonarias pérdidas por bloqueos que continúan en la vía a la Costa, específicamente entre Tarazá y Caucasia, sector el Guarumo. Allí, los mineros protestan por los operativos adelantados por las autoridades en contra de su actividad económica. Han afirmado que les han destruido la maquinaria, por motivos de que no están formalizados y trabajan bajo la ilegalidad.

Y es que desde el pasado miércoles, esta vía ha sido escenario de protestas de parte de 200 personas, quienes con la quema de llantas, árboles atravesados y disturbios con la fuerza pública impidieron el paso de vehículos, afectando no sólo a los transportadores de carga, sino a las empresas de transporte de pasajeros.

Anderson Quiceno, vocero de los transportadores de carga, contó que, tienen represados 1.500 vehículos y millonarias pérdidas por los sobrecostos que superan el 70 % para el transporte por vías alternas.

“Ya vamos a cumplir tres días de paro, donde tenemos pérdidas millonarias por cerca de 1250 millones de pesos, lo más preocupante es que estamos en una alerta por saqueos y atentados contra la integridad física de todos los conductores. El Gobierno nacional no nos ha escuchado. Necesitamos un diálogo, nos han dejado solos con este problema, las autoridades administrativas son un total fantasma, pero sí debemos reconocer que el Ejército nos ha acompañado”, dijo Quiceno.

A este gremio se le suma otra dificultad: las consecuencias del aumento de la gasolina, anunciado por el presidente Gustavo Petro, decisión que los acerca a una posible protesta del gremio.

El estallido empezó en la tarde de este 21 de septiembre -y se mantiene este jueves- para llamar la atención del presidente Gustavo Petro dado que no habrían sido priorizados en la agenda, contrario a las promesas que anticipó el mandatario cuando estaba buscando votos para llegar a la Casa de Nariño, así reconoció la Confederación Nacional de Mineros.

La furia de los agremiados se desató luego de que las unidades de la Policía Nacional destruyeran la maquinaria amarilla que utilizaban para las socavaciones a razón de que no tendrían los permisos a la mano, también porque habrían sido asociados como presuntos integrantes o colaboradores de los grupos armados que acapara esta actividad ilegal.

“El punto de partida es lo que se presentó la semana pasada y antepasada, cuando las fuerzas operativas destruyeron una serie de dragas, minidragas y pequeñas balsas de mineros ancestrales y tradicionales en el marco de la supuesta minería ilegal y el Clan del Golfo en los municipios de El Bagre, Zaragoza y Caucasia”, indicó la Confederación.

Aunque la administración municipal de Cáceres sostiene una mesa de diálogo con los protagonistas de la protesta, la mediación no ha tenido resultados y están sembrados en la carretera hasta que las conclusiones de la conversación los beneficie: cesar las operaciones militares y policiales en contra los pequeños mineros del pueblo.

Los estruendos ya empiezan a afectar los bolsillos de las personas que viven y hacen uso del transporte en el departamento. Según los cálculos de las agremiaciones de los conductores, los saldos negativos en las últimas horas ya superan los mil millones de pesos, sin contar los sobrecostos para los actores que integran la línea logística.

Cabe recordar, que la última protesta de gran magnitud que se registró en el departamento, ocurrió hace un mes en el municipio de Buriticá, donde cientos de mineros ancestrales bloquearon las vías de acceso al municipio para pedir mejores condiciones y por la desaparición de tres mineros que estaban desaparecidos.