El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó este domingo que tres personas que se encontraban en poder de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), fueron dejadas en libertad en zona rural de Antioquia.

Las personas que estaban secuestradas pudieron reencontrarse con sus familias, luego de que el equipo del CICR realizara la evaluación correspondiente y pudiera determinar que se encontraban en adecuadas condiciones de salud.

“Reconforta nuestra labor humanitaria que estas personas puedan reencontrarse ahora con sus seres queridos. Esta misión fue posible por la confianza que tuvieron las partes involucradas en nuestra acción neutral, imparcial e independiente”, señaló Otchoa Datcharry, jefe de la subdelegación del CICR en Medellín.

Aún se desconoce el municipio antioqueño donde se efectuó la entrega de estas personas. “El diálogo bilateral y confidencial que sostenemos con todos los actores armados es fundamental para promover el respeto del derecho internacional humanitario y para sensibilizarlos sobre las consecuencias humanitarias que generan los conflictos armados que hay en Colombia”, agregó Datcharry.

20 años de la Masacre de Bojayá

Eran las 10:45 a. m., aproximadamente, del 2 de mayo de 2002. La tranquilidad de la población de Bojayá, municipio ubicado en el departamento del Chocó, se vio interrumpida por la explosión de un cilindro bomba lanzado por guerrilleros del frente 80, Bloque Noroccidental de las Farc, al interior de la iglesia del municipio, llamada Bellavista, hecho que causó entre 74 y 119 muertos y alrededor 98 heridos.

El hecho quedará en la memoria de todo el país como una de las fechas en las que el horror del conflicto armado produjo uno de los hechos más dolorosos en la historia del país, que se niega a olvidar la oscura historia del terrorismo.

Precisamente, por esa razón, este 2 de mayo, el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, junto a autoridades étnico territoriales, organiza un homenaje para las personas que perdieron la vida y un conversatorio para debatir y exponer la situación de derechos humanos en el territorio ante las denuncias de homicidios, amenazas de muerte, ataques, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad y desapariciones forzadas, entre otras violaciones que se han registrado.

Cabe recordar que el hecho se produjo durante enfrentamientos entre los subversivos y paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que pretendían mantener el control en la zona.

“Sobre la actual situación del territorio las instituciones y organizaciones que acompañamos y apoyamos a las víctimas y a las comunidades urgimos por la protección de la vida de los habitantes de esta zona a través de: la presencia integral del Estado, la reparación colectiva, la plena implementación del Acuerdo de Paz –en particular el capítulo étnico-; la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de la población; la búsqueda de las personas desaparecidas en razón del conflicto armado, así como por hechos posteriores a la firma del Acuerdo de Paz, y el desmantelamiento de los grupos armados no estatales”, señala un comunicado enviado por la JEP.

Seis exintegrantes del frente 34 del Bloque José María Córdoba de la guerrilla de las Farc reconocieron ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) su participación en la masacre de Bojayá.

199 inocentes murieron mientras se resguardaban en la iglesia ubicada en el centro del municipio, de la confrontación entre el Bloque José María Córdoba de las Farc y paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Uno de los cilindros bomba que fueron lanzados por los guerrilleros impactó directamente en el templo, generando así una explosión. En el enfrentamiento también fue destruida la escuela de Bojayá y el centro de salud, causando un desplazamiento masivo de los sobrevivientes de esa tragedia.