El Tribunal Superior de Medellín le pidió a la Secretaría General del Senado que reevalúe los nombres que aspiran a la Contraloría General de la República, porque la realizada no respeta la ley de cuotas. Esta decisión se suma a la que tomó el Tribunal de Cundinamarca, reiterando que el Congreso no cumplió los requisitos para componer el listado.

La medida se tomó en la capital de Antioquia luego de que Diana Carolina Torres García, quien presentó el examen de méritos —pero no apareció en los elegibles—, interpusiera un recurso de impugnación en el que pidió que los juzgados le ordenaran a la Comisión Accidental del legislativo la revisión y recomposición de los aspirantes.

Ella pasó la prueba que realizó la Universidad de Santander y le dieron el visto bueno a su hoja de vida, por lo que fue incluida en el top 20 de los habilitados para que los congresistas eligieran. Sin embargo, no quedó en los diez finalistas, donde seis son hombres y solo dos, mujeres.

En consecuencia, alegó que se le vulneraron sus derechos fundamentales porque en la lista solo el 20 % corresponde al género femenino, cuando la Constitución plantea que la paridad debe estar presente en la elección. Es decir, el mismo número de hombres y mujeres.

Así lo respaldaron los magistrados Martín Agudelo Ramírez, José Omar Bohórquez Vidueñas y Sergio Raúl Cardoso González. Ellos concluyeron que la Comisión Accidental incumplió la ley, contrario a como lo afirmaron los congresistas cuando el Tribunal Superior de Medellín los cuestionó por la medida.

“Se le ordenará a la Secretaría General del Senado que elabore una nueva lista de diez elegibles para ocupar el cargo de contralor general de la república, en el que se respete estrictamente el mandato de conformar la lista con igual proporción de hombres y mujeres”, se lee en el fallo.

No obstante, esa decisión deberá estar basada en los puntajes que arrojaron las diferentes etapas de selección. Así las cosas, el nombre de la demandante estaría incluido en la lista porque fue la tercera mujer con más alta puntuación en el examen de méritos.

Por esa razón, el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, citó a una reunión de urgencia para que se revise la decisión judicial y se acate el fallo, lo que significa que el listado de elegibles se hará nuevamente.

Fuentes del Congreso le confirmaron a SEMANA que el fallo debe acatarse, pero se revisará que “esté ajustado a derecho” porque el proceso se adelantó con base en lo estipulado en la normativa colombiana.

Aunque se acate el fallo, el mismo podría ser impugnado si se encuentra que lo ordenado por el magistrado amerita una revisión.

A la reunión asistirán los integrantes de las mesas directivas del Congreso y quienes participaron en la comisión accidental del Senado y Cámara que conformaron la lista de los diez elegibles.

“Todo el proceso de preselección de los diez finalistas fue ajustado a la ley y el cumplimiento de la cuota de género se dio en las primeras fases de todo el proceso en donde todos los interesados, tanto hombres como mujeres, compitieron de igual a igual”, dijo un senador que pertenece a la comisión accidental.

Según los congresistas, la elección del contralor se realiza con base en una convocatoria pública y no en un concurso de méritos, por lo cual no se aplican los criterios de cuota de género que dio origen al fallo del Tribunal.

Por ello, lo más seguro es que antes del 20 de julio, fecha en la que se instalará el nuevo Congreso de la República, la lista se hará nuevamente y se incluirá una mujer más para que tres estén en la elección que se hará el 3 de agosto.

Si la lista se recompone antes del 20 de julio, el problema quedará resuelto y el nuevo Congreso no tendrá excusa alguna para no adelantar la elección en la primera semana de agosto.