El debate sobre el presupuesto que regirá a Medellín durante el 2023 está frenado a pocas semanas de terminar el año. Los corporados se niegan a votar el proyecto porque alegan supuestas irregularidades que se habrían cometido a la hora de radicar el documento.

El estruendo empezó el diez de octubre cuando ingresó a la corporación un correo electrónico con la iniciativa. En el texto se justifican los 7,3 billones de pesos que planea ejecutar la administración en el último período de gobierno del alcalde Daniel Quintero.

Sin embargo, la manera en la que llegó el papel no estaría enfilada en el reglamento interno del Concejo de la ciudad dado que exige la legalización de los proyectos de forma presencial: hojas impresas y firmas con el puño del proponente.

La concejala del Centro Democrática, Leticia Orrego, denunció esta práctica y alertó que el archivo que fue enviada a la corporación en la noche de ese 10 de octubre, tiempo máximo para presentarlo, se habría saltado en un fragmento la firma del mandatario distrital.

El error se emendó minutos después. Ese mismo día entró a la bandeja de mensajes del Concejo un nuevo documento con el sello de Quintero Calle, pero tenía asignado el número de radicado que le fue entregado al primer correo que ingresó.

La polémica se multiplicó el once de octubre cuando la Alcaldía de Medellín presentó de forma presencial el papel para que fuera incluido en la lista del debate. No obstante, con base en la normativa, ese procedimiento ya era extemporáneo por lo que no se discutiría.

Pese a los cuestionamientos de varios integrantes del recinto, el presidente tomó la decisión de incluir en la agenda del día la socialización del presupuesto del distrito que financiará los programas de la ciudad durante el año 2023. Pero se cayó.

La mayoría acordó posponer el avance del trámite hasta que se tenga claridad de que no incurrirán en faltas disciplinarias por votar una iniciativa que se habría presentado por fuera de los tiempos establecidos por el reglamento interno de la corporación.

El concejal del Partido Verde, Daniel Duque, explicó que los cabildantes perdieron la competencia jurídica para adelantar la discusión del presupuesto, citando los retrasos que se dieron en el piso doce de la Alcaldía de Medellín el diez y once de octubre.

“Como concejales no podemos prevaricar. Estaríamos incumpliendo faltas disciplinarias, pero además estaríamos incurriendo eventualmente en ese delito de prevaricato. En ese orden de ideas, la propuesta es que nos declaremos impedidos”, indicó Duque.

Con base en la ley orgánica del presupuesto, en dado caso de que el proyecto que presentó la administración no sea discutido por las demoras en la radicación, el presupuesto para el 2023 tendría que ser el mismo que se aplicó durante este 2022.

Los riesgos que se correrían en la cartera pública de Medellín serían altos porque el dinero que se piensa invertir el próximo año es más ambicioso. Según los cálculos de los concejales, estarían en juego cerca de 1.3 billones de pesos.

“Creo que la ciudad debe debatir el presupuesto. Hay un concepto del Ministerio de Hacienda que valida que el fondo prevalece sobre la forma”, dijo la concejala Lina García, quien abandonó las banderas del Centro Democrático dentro de la corporación.

Tras los desacuerdos que se han presentado por la radicación, se impuso una tutela para que un juez determine si se puede o no discutir la iniciativa en el Concejo. Los integrantes solicitaron que se tome una decisión rápida sobre la legalidad de la aceptación y el análisis.

Daniel Quintero le salió al paso a la discusión al señalar que no cometió ninguna irregularidad a la hora de presentar el proyecto vía correo electrónico:

“Había un tema de si se podía enviar por correo o no se podía enviar por correo, pero los tiempos de la cuarta revolución industrial, además con una ley que de forma particular busca la desmaterialización del papel, pues no hace mucho sentido, la ley está por encima de los acuerdos”, señaló el mandatario.