En hechos que están siendo investigados por las autoridades y que ocurrieron en la mañana de este jueves 9 de marzo, una profesora de primaria fue apuñalada en varias oportunidades por desconocidos mientras se encontraba dando clases en una institución educativa del municipio de Fredonia, en Antioquia.

Según indicó el alcalde del municipio, Gustavo Guzmán, la educadora, identificada como Beatriz Elena Muñoz, fue trasladada de inmediato al Hospital Santa Lucía, donde la atendieron y, por fortuna, le salvaron la vida.

“Estamos haciendo los análisis con las secretarías de Educación y ahora estamos enfocados en proteger la vida de la profesora. Las instituciones educativas son territorios de paz y hemos hecho un llamado a que hay que denunciar a estas personas que lo único que quieren hacer es daño”, precisó el mandatario.

Las autoridades están tras la pista de los agresores de la docente. Foto: Getty Images. | Foto: Getty Images

De acuerdo con la comunidad, los hombres habrían aguardado desde muy temprano en la zona para ingresar al colegio y atacar a la docente; después de un tiempo, entraron a la institución y posteriormente al salón de clases, donde habrían preguntado por ella para después cometer el delito delante de siete estudiantes.

Entretanto, desde la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), expresaron preocupación y rechazo por este hecho y otros que se han presentado en contra del magisterio antioqueño.

“Estos hechos van en aumento, tal como sucedió con la docente Beatriz Elena Muñoz Toro, del municipio de Fredonia, quien fue apuñalada brutalmente al interior de la institución educativa donde laboraba, con agravante que todo sucedió delante de los estudiantes”, manifestaron.

Por ello, elevaron su voz de protesta para denunciar este acto de violencia en contra de la integridad de la maestra y exigieron “se adelanten las investigaciones pertinentes y se judicialicen a los responsables con celeridad”, indicaron.

Por otra parte, rechazaron enfáticamente la desaparición del docente directivo, José Joaquín Campuzano Botero, rector de la Institución Educativa Félix María Restrepo, del municipio de La Unión, quien desapareció desde el pasado lunes cuando se dirigía a su lugar de trabajo. “Hacemos un llamado de alerta para que se respete la vida y la integridad del compañero”, agregaron.

José Joaquín Campuzano Botero, es rector de la institución educativa Félix María Restrepo, de La Unión. | Foto: A.P.I.

“También nos solidarizamos con los maestros del Bajo Cauca y Nordeste del departamento, toda vez que se han visto afectados en lo personal y profesional por el paro minero, lo que los ha alejado de su labor educativa, debido a la inseguridad que reina en el territorio”, señalaron.

Asimismo, exigieron garantías para el ejercicio de la labor docente en condiciones dignas, bajo la premisa de la garantía de los derechos para todos los actores de la escena educativa.

“Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional para que ponga los ojos en el gremio Docente de Antioquia, el cual está siendo objeto nuevamente de vulneración sistemática de Derechos Humanos y así hacer de nuestro entorno ‘La escuela como territorio de paz’”, afirmó la junta directiva de Adida.

Por su parte, el comité que lidera el paro de mineros en el Bajo Cauca antioqueño tomó este jueves la decisión de levantar de manera provisional la negociación que tiene con el Gobierno nacional. Así las cosas, en las próximas horas continuarán los bloqueos sobre la troncal a la costa Atlántica.

La crisis fue generada por un supuesto incumplimiento por parte de las personas que delegó el presidente Gustavo Petro para tramitar las diferencias con los protestantes. Ellos esperaban la presencia de tres ministros, pero no llegaron a la cita programada.

Mesa de negociaciones del Gobierno con mineros en Antioquia. | Foto: Cortesía: Ministerio del interior.

Quedaron las sillas vacías de Susana Muhamad, Iván Velásquez y Alfonso Prada. Fueron sus viceministros los que tomaron la vocería en el municipio de Caucasia. Sin embargo, se rechazó su presencia porque no contarían con las capacidades para resolver los pedidos.

Ellos quieren que se suspenda temporalmente las operaciones que adelanta la Fuerza Pública contra la extracción ilícita de yacimientos mineros, mientras se formula un distrito minero en el Bajo Cauca que les permita recibir beneficios por sus actividades.