En la tarde de este viernes se conoció que fueron judicializadas cinco personas que harían parte de una red delincuencial que, entre 2018 y 2022, habría ingresado millonarios cargamentos de cigarrillos de contrabando al territorio nacional. Entre los capturados está un teniente y dos ex integrantes de la Policía de Tránsito y Transporte.

La organización, al parecer, recibía en el Golfo de Urabá y otras zonas costeras del Caribe las cajetillas de cigarrillos provenientes de China, Corea, India, Estados Unidos y Paraguay.

Según las investigaciones, por medio de las personas capturadas, transportaban la mercancía por vía terrestre hacia Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca) y algunas provincias de Ecuador, donde eran comercializadas. Por estos hechos fueron presentados ante un juez de control de garantías los señalados cabecillas de la estructura ilegal; al igual que un teniente y dos ex integrantes de la Policía de Tránsito y Transporte que, mientras estuvieron activos, habrían facilitado el actuar criminal de la red ilegal.

La Fiscalía imputó a estas personas el delito de concierto para delinquir agravado. Sin embargo, los procesados seguirán vinculados a la investigación. En otras actividades, contra esta estructura delictiva fue incautada mercancía de contrabando avaluada en más de 10.000 millones de pesos. Estos procedimientos se realizaron en Colombia y Panamá.

El pasado 18 de octubre, capturaron en Medellín a dos uniformados de la Policía, señalados de participar en un supuesto robo en la capital de Antioquia. Los uniformados tendrían varios estudios abiertos por supuestas irregularidades cometidas en medio de sus funciones. La institución lanzó duró ultimátum.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y las unidades judiciales de la Policía Nacional hicieron efectiva la orden de detención en Medellín, que estuvo justificada en los delitos de hurto calificado y cohecho propio. Las situaciones relacionadas habrían ocurrido en las calles del centro de la ciudad.

Las personas que habrían sido víctimas de los dos funcionarios fueron las encargadas de avisarles a las autoridades sobre las faltas que estarían protagonizando. En ese momento arrancó un proceso riguroso donde se recopiló el material probatorio que daría cuenta de los hurtos cometidos en las últimas semanas en la comuna de La Candelaria.

“Se logra la captura gracias a las denuncias presentadas por la comunidad y a un trabajo articulado con las instituciones. Somos implacables en la aplicación de la transparencia institucional”, comentó el comandante de la Policía Nacional en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Carlos Humberto Rojas Pabón.

En la misma comunicación advirtió que todo miembro de la Fuerza Pública que se aparte de la reglamentación que rige a la institución, no tiene argumentos para pertenecer a ella. En ese sentido, advirtió sobre una extrema rigurosidad ante los casos que pongan en tela de juicio las operaciones de los uniformados en esta subregión del país.

Otro caso

El propio fiscal Francisco Barbosa entregó los resultados de un importante operativo contra el narcotráfico de carácter transnacional. La Fiscalía logró, con el apoyo de la Policía y la Armada, la captura de 15 personas que integrarían una red criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y liderada, supuestamente, por un oficial retirado de la Policía.

La Fiscalía explicó en detalle los operativos y cómo fueron capturadas las personas vinculadas a esa organización. Los contenedores en Cartagena eran contaminados, cargados con la droga a través de la modalidad de ‘trepadores’ o ‘micos’, personas que se trepan en las embarcaciones en altamar y camuflaban los cargamentos.

“Desde Cartagena (Bolívar), el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, presentó un importante resultado investigativo y operativo que pone punto final al actuar criminal de una red trasnacional señalada de mover toneladas de clorhidrato de cocaína desde el Caribe colombiano hacia varios destinos internacionales”, dijo la Fiscalía.

Los 15 capturados fueron presentados ante jueces de Control de Garantías que, tras la contundencia del material probatorio, ordenó enviarlos a la cárcel, entre otras cosas, por considerar que representan un peligro para la sociedad, como los presuntos responsables del tráfico de estupefacientes.