Una nueva polémica se desató en diferentes cárceles de Medellín y del área metropolitana. Esta vez, la alimentación vuelve a ser escenario de todo tipo de vulneración a la garantía de los derechos fundamentales para los privados de la libertad.
Según Jorge Carmona, defensor de esta población en Antioquia, en la cárcel El Pedregal se conoció un video en el que se evidencia carne no apta para el consumo humano, este caso sería de burro, donde el alimento trae pelos del animal.
De acuerdo con el defensor, incluso han recibido carne de gato y de rata, debido a que han encontrado cráneos de este roedor en las comidas.
“Vea la carne de Pedregal como nos la dieron hoy, puro caballo, vea los pelos que no es mentira. Diosito, se sabe que estamos presos, pero tampoco así”, dijo un interno en el video.
Ante estos hechos, que ponen en peligro la salud de los internos, la veeduría exigió un pronunciamiento de la directora de este centro penitenciario y la dirección regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). De acuerdo con Carmona, esta situación ya fue puesta en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno Nacional.
“No hay derecho que el Gobierno nacional actual esté hablando de una paz total en Colombia, mientras que quienes manejan los archimillonarios contratos de alimentación en las cárceles y estaciones de policía de Medellín y Antioquia estén usando ratas, gatos, mulas y pollos en estado de descomposición para alimentar a la población privada de la libertad”, aseguró Carmona.
Por otro lado, cabe recordar que la Personería de la capital de Antioquia encendió las alarmas en la tarde del pasado 30 de noviembre por las críticas condiciones en las que se encuentran más de 3.000 personas que están recluidas en el centro carcelario de El Pedregal. De acuerdo con la denuncia, duraron más de tres días sin agua.
El agua no volvió a salir de los grifos desde las cuatro de la tarde del martes 29 de noviembre. El Ministerio Público advirtió que las necesidades básicas de los privados de la libertad están en riesgo, al igual que el personal que tiene a cargo la vigilancia. Este penal es administrado por el Inpec.
De acuerdo con las estadísticas del Inpec, en el centro penitenciario de El Pedregal se encuentran recluidas 3.459 personas, cuando la infraestructura está diseñada para atender a 3.165 ciudadanos. Es decir, hay una sobrepoblación que supera el tres por ciento. Dentro del penal hay sujetos condenados (2.253) y sindicados (979).
De igual manera, la Personería Distrital de Medellín llamó la atención por las condiciones en las que se encuentra la población privada de la libertad en la capital de Antioquia. De acuerdo con los análisis adelantados en los últimos días, el hacinamiento en los centros de detención transitoria supera el 800 % de su capacidad.
La grave situación de los derechos humanos se ha identificado en las estaciones de la Policía Nacional, unidades de reacción inmediata y salas de paso que no están diseñadas para cumplir con las obligaciones que hoy están asumiendo: atender por un largo periodo a las personas que están a la espera de resolver su situación judicial en el Valle de Aburrá.
Con corte al 7 de octubre, en esta región del país están recluidos por fuera de los centros carcelarios cerca 1.801 ciudadanos mientras llegan sus sentencias. En los penales no han sido acogidos porque también están a reventar. Con base en los índices del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la sobreocupación es del 98 %.
Ese número es aterrizado por el defensor de los derechos de la población privada de la libertad en Antioquia, Jorge Carmona. En sus visitas identificó que la carencia de la oferta se puede evidenciar en cada rincón de los espacios donde están los reclusos. Además, denuncia supuestos incumplimientos en los alimentos y los servicios de salud.
“Es realmente preocupante, indignante, humillante, discriminatorio e inhumano. No pueden olvidar que estas personas, así sean condenadas, sindicadas, culpables o inocentes, aún no han perdido la condición de seres humanos y deben ser tratadas como tal. Este problema ya lleva de diez largos años”, señaló el veedor ciudadano.