Para llegar al escarpado sitio donde se encuentran asentadas estas 25 familias, realmente no hay que hacer mucho esfuerzo. Sólo se debe ir a  la avenida Circunvalar con la calle 21, hasta llegar a la puerta de la estación del teleférico y el funicular que llevan al Santuario del Señor Caído de Monserrate.A menos de 100 metros de este emblemático sitio turístico visitado cada año por miles de extranjeros y nacionales se esconde un drama que ha permanecido oculto por años y que se ha intensificado en los últimos meses. Allí conviven, en difíciles condiciones, 79 personas entre las que se encuentran mujeres, ancianos y niños.Se trata de una zona forestal que ha sido ocupada por desplazados por la violencia o por aquellos que no tienen para costearse un arriendo o hacerse a una vivienda digna. Las familias que allí viven construyeron hogares improvisados con plásticos, pedazos de madera, retazos de polisombra y, en el mejor de los casos, tejas de zinc. (Le podría interesar: Cinco mansiones se construyen sin licencia en los cerros orientales)Este martes, las cosas cambiaron para empeorar en esta accidentada zona donde baja un viento que cala los huesos. Allí, un escuadrón del Esmad de la Policía se hizo presente con el principal objetivo de desalojar a los ocupantes. Todo, por cuenta de una orden de la Alcaldía Local de Santa Fe, que argumentó que ese es un predio de reserva forestal que está protegido por un fallo del Consejo de Estado.El operativo se cumplió en horas de la mañana. Los uniformados se presentaron al lugar con equipamiento para derribar los ranchos improvisados. Del otro lado, como era de esperarse, hubo una airada reacción de las familias. Indignadas, aseguraron que no les mostraron orden de desalojo y que la Policía llegó sin previo aviso.Lo más difícil es que se quedaron sin un techo para vivir y con sus pertenencias a la intemperie. Niños y personas de la tercera edad se encuentran entre los afectados. No obstante, los ocupantes se negaron a irse sin que les sea resuelta su situación y reconstruyeron sus cambuches.El intento de desalojo se efectuó a pesar de que funcionarios de la Alcaldía realizaron una visita previa en la que se acordó que no se utilizaría la fuerza. El alcalde local de la localidad de Santa Fe, Gustavo Niño, señaló a los medios que la intervención se realizó para proteger los cerros orientales, tal como lo ordena un fallo del Consejo de Estado.El mandatario local también señaló que el operativo era necesario para evitar que más familias se asienten en esta zona. Según la administración, en enero de este año había sólo 15 ranchos. “En este polígono cada vez se está presentando una mayor invasión”, afirmó. Las autoridades responsabilizaron a los ocupantes de iniciar la violencia. “Queríamos hablar pacíficamente, se armaron y estaban amenazando a los funcionarios y solamente alcanzamos a desarmar diez cambuches”, defendió el alcalde local, sin referirse todavía a medidas sociales para reasentar a estas familias.En la Alcaldía local señalaron que el ICBF, la Defensoría del Pueblo y la Personería estuvieron en el lugar. Ahora analizan quiénes de estas personas son desplazados.     Lo cierto es que pese al operativo, que se tornó violento, la situación sigue tal como estaba y ni el problema ambiental de la ciudad ni el de hábitat de los ocupantes han sido resueltos.