En una acusación de mayo del 2009, la Corte del Distrito de Columbia señaló a cerca de 12 guerrilleros de conspiración para mantener rehenes. Se les sindicó de ser los responsables del secuestro de los estadounidenses Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell, en el 2003.
El documento –conocido como Indictment– señala directamente a Carlos Alberto García, alias ‘Óscar Montero’ o el ‘Paisa’; Milton de Jesús Toncel, ‘Joaquín Gómez’; José Benito Cabrera, ‘Fabián Ramírez’; Jesús Emilio Carvajalino, ‘Andrés París’; Tanja Anamary Nijmeijer, ‘Alexandra’ o Eillen’, entre otros.
Todos ellos son jefes de las FARC o han tenido mando sobre la tropa; y algunos son miembros oficiales del equipo negociador de la guerrilla en La Habana. Por eso mismo, quizá ninguno de ellos pague una condena en Estados Unidos o en Colombia, por cuenta del proceso de paz.
Pero otros guerrilleros de menor rango que también aparecen en esa acusación ya están pagando los rigores de haber pertenecido al frente que mantuvo retenidos a los norteamericanos. Uno de ellos es Diego Alfonso Navarrete, quien militó en el frente primero de las FARC con influencia en Meta, Vaupés y Guaviare. Con el alias de ‘LJ’, tuvo entre sus obligaciones cuidar a los secuestrados, como guerrillero raso, entre ellos a la excandidata presidencial Íngrid Betancourt. Navarrete ha dicho en todos los tonos que no es culpable de esos secuestros y que sólo prestó guardia en el frente que los tenía secuestrados.
Así lo dijo el viernes en una corte de Washington donde fue presentado como responsable. Él se declaró no culpable. Y en una próxima defensa la Fiscalía y la defensa de este guerrillero intercambiarán información para llegar a un acuerdo en el que él, según las fuentes en Washington, se declarará culpable con el fin de obtener una rebaja de penas. Navarrete no la tiene fácil. El juez de la causa es ni más ni menos que Royces Lamberth, aquel jurista que ha sido implacable con las FARC. Basta echarle un vistazo a su historial.
Fue el hombre que llevó los casos de Simón Trinidad y Alexander Beltrán Herrera, condenados a 27 años de cárcel. Navarrete ahora lleva un overol naranja que lo identifica como sindicado. Está en una celda de 3x3 metros y como puede dice que es inocente del delito que le imputan. Así se lo dijo a Semana.com unos días antes de su extradición. En su relato –uno de los pocos que entregó mientras estuvo preso en Colombia– contó que no tuvo mayores contactos con los estadounidenses, que se hizo amigo de Íngrid Betancourt, que simplemente prestó guardia y que nunca ordenó un secuestro porque jamás tuvo mando.
“Si los cuidé fue porque recibí órdenes y porque me tocó”, dijo. Por último, dice que prefiere la muerte a una larga condena. “Prefiero morir a pagar una condena en EE. UU.”, dice. Ese guerrillero es ahora la ‘joya de la corona’ para las autoridades estadounidenses porque, con él, podrían obtener mucha más información de los jefes guerrilleros que hoy están en La Habana.