Ese guerrillero es el que tenía hostigado al pueblo y lo hacía con la GNB (Guardia Nacional Bolivariana)”. El mensaje, puesto en un cartel, apareció a principios de junio junto a la cabeza de un supuesto comandante guerrillero del ELN en Ureña, municipio venezolano fronterizo con Cúcuta. Días antes, alias el Paisa, supuesto jefe del grupo criminal conocido como bloque Urabeño, había difundido un escalofriante audio en el que les declaraba la guerra a los grupos rivales que operan en la frontera y en el Catatumbo. En la región, muy pocos se atreven a hablar. En diciembre terminó la guerra entre el ELN y el EPL (o Pelusos) por el control de Tibú y las zonas que abandonaron las Farc tras su desarme. Pero los habitantes no han podido sentir una calma plena. En el ajedrez del conflicto del Catatumbo, las fichas se mueven, y los del medio, los civiles, sufren los perjuicios. Durante cinco días, SEMANA recorrió junto con una misión de la Defensoría del Pueblo los municipios de Convención, El Carmen, Hacarí y La Playa de Belén, y corregimientos y veredas como Campo Alegre y Guamalito. “Estos municipios tienen economías diferentes. Hay lugares donde todo es hoja de coca, pero otros donde hay tomate, maíz... Me preocupa cómo hacer la reconversión económica”, dijo Carlos Negret, el defensor del Pueblo. Puede ver: Garrote y zanahoria de Uribe a la Farc por el Foro de Sao Paulo En Convención, los grafitis de los grupos armados abundan por las paredes, algunos todavía legibles a pesar de la capa de pintura o de los tachones con los que quisieron ocultarlos. En El Carmen, los campesinos se sienten seguros en el casco urbano, pero consideran una odisea llegar a las veredas al ocaso por miedo a que el toque de queda los coja fuera de casa. Y en la Estación de Policía de Hacarí persisten las huellas de las balas que recuerdan los tiempos más crudos de las guerras que allí han padecido. Los habitantes saben que viven en constante amenaza, pero no logran definir quién es quién. Las denuncias por violaciones de derechos humanos muchas veces no tienen nombre propio, mucho menos un apellido. Desde la llegada del Ejército han aumentado las denuncias contra este por parte de organizaciones sociales y campesinas. Incrustada en Norte de Santander, en la zona del Catatumbo, las guerrillas se asentaron gracias a la inmensidad de las montañas y los bosques que aún conservan. Cuatro de sus 11 municipios colindan con la frontera, lo que les permite a los grupos criminales cruzar la línea para resguardarse. Además, esta región tiene la mayoría de las 28.244 hectáreas de coca que hay en Norte de Santander, el tercer departamento con más cultivos ilícitos, según Naciones Unidas.
Los agujeros de bala en la Estación de Policía de Hacarí permanecen. Por la carretera aparecen grafitis de los grupos criminales. Los líderes sociales afirman que a los campesinos no les ha quedado otra alternativa que volver a sembrar coca. En efecto, la mancha de amarillo y verde intenso que refleja la mata resalta a lo lejos desde las montañas del Catatumbo. Las mismas que por momentos parecen impenetrables, si no es porque las comunidades tumban monte para abrir las precarias trochas que conectan la región. En lo que va del año, las autoridades han incautado 17.014 galones de base de coca, 4.410 kilogramos de cocaína y 376 laboratorios. Lea aquí el artículo completo.