Tras el decreto propuesto por el Presidente Iván Duque que busca controlar la circulación y consumo de drogas en espacios públicos, se abre la polémica sobre si dicha acción es legislativa, pues ya existe un fallo constitucional que protege la autonomía y libre desarrollo de la personalidad, el cual se vería afectado con las medidas propuestas por el mandatario.Segunda parte del programa

La regulación de la dosis mínima o personal está estipulada en la Ley 30 de 1986, la cual dice: “Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20) gramos; la de marihuana hachís que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona que no exceda de dos (2) gramos. No es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad”.Justamente, en esas proporciones se soporta la propuesta del actual gobernante, pues argumenta que los comercializadores se escudan en estas medidas para portar cantidades pequeñas de estupefacientes y ponerlas a circular en las calles del país, generando crecimiento del microtráfico de las mismas. Por lo que el decreto en discusión dará la facultad a la Policía Nacional, a través del Acto Legislativo 02 del 2009, de confiscar cualquier dosis de droga y alucinógenos en las calles colombianas y así darle regulación a las drogas y finiquitar el microtráfico, sin sancionar a los consumidores.La propuesta del Gobierno es no penalizar a los consumidores o portadores, pero sí decomisar o incautar. La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, aseguró que esta medida también implicaría la incautación de droga a todos aquellos que no porten en el bolsillo una certificación médica que acredite la adicción. Además manifestó su apoyo a la iniciativa del Fiscal de ponerle topes a la dosis de abastecimiento que cursa en el Congreso y que intensifica las penas contra el narcomenudeo en el país.Vea en ‘Semana en Vivo’ a María Jimena Duzán con Armando Benedetti, senador por el Partido de la U; Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático; Julián Quintero, sociólogo, activista y experto en política de drogas y Lucía Ramírez, abogada e investigadora de la línea de política de drogas en Dejusticia.