La implementación de los Acuerdos de Paz pasa por momentos difíciles. Hace dos semanas, los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que manifestaron su preocupación por la lenta ejecución de los proyectos productivos para los excombatientes de las Farc y por la transparencia en el manejo de los cerca de 200 millones de dólares que estos países depositaron en el Fondo Colombia en Paz.A estas preocupaciones se sumó la carta que el fiscal general Néstor Humberto Martínez le envió al presidente Santos en la que alertó sobre presuntos actos de corrupción en el Fondo. Según Martínez, la Fiscalía ha adelantado desde hace un año una serie de investigaciones que le ha permitido determinar la existencia de una red de intermediarios, quienes ofrecían información privilegiada sobre los contratos del posconflicto a diferentes políticos, empresarios y contratistas, a cambio de millonarias sumas de dinero.En las últimas horas, el gobierno nacional en cabeza del Vicepresidente Gral. Óscar Naranjo anunció que todos los contratos del Fondo de Paz serían publicados y que entre las primeras medidas para proteger los recursos del posconflicto estaba la de separar del cargo a la directora del Fondo, Gloria Ospina. La funcionaria había recibido varias críticas porque su pareja sentimental, Iván Cifuentes, había sido beneficiado con un contrato de 1.300 millones de pesos para diseñar un sistema de monitoreo del posconflicto.La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también vive momentos críticos. La semana pasada, el secretario general del sistema, Néstor Raúl Correa, presentó su dimisión, luego de varios desacuerdos con la presidenta la JEP, Mirtha Patricia Linares. El hecho que completó la renuncia de Correa fue la solicitud que le hizo el contralor Edgardo Maya, en la que le pidió información detallada sobre la ejecución de 4,7 millones de dólares provenientes de cooperación internacional para el montaje de la JEP.El partido Farc también lanzó críticas al gobierno sobre el estado de la reincorporación de los excombatientes. Según voceros del partido en una rueda de prensa llevada a cabo ayer, “la vida en la gran mayoría de los Espacios Territoriales y Nuevos Puntos de Reagrupamiento se caracteriza por la inexistencia de condiciones dignas de salud y salubridad, vivienda y servicios públicos, inseguridad alimentaria, ausencia de economía propia; a lo cual se adicionan problemas de documentación y acreditación de pertenencia a las Farc, de acceso al sistema financiero y los obstáculos a la organización de cooperativas y los bloqueos en el sistema bancario. Además de que aún tenemos más de 623 prisioneros de guerra.”Cabe recordar que desde el próximo 30 de junio todos los excombatientes de las Farc, concentrados en las zonas de capacitación y reincorporación, tendrán que valerse de sus propios medios para conseguir sus alimentos. Sin embargo, ante la falta de proyectos productivos que garanticen la reincorporación social y económica, se corre el riesgo de que los exguerrilleros sean cooptados por las disidencias de las FARC o por bandas criminales para que vuelvan a delinquir a cambio de beneficios económicos.En ‘Semana En Vivo’, estuvieron con María Jimena Duzán: María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Gral. Rafael Colón, exdirector del programa Presidencial Acción Contra Minas Antipersonal, David Flórez, excandidato a la Cámara de Representantes por el partido de la Farc y Andrés Stapper, Dir. Agencia colombiana para la Reincorporación y Normalización.