Una de las voces que más ha alertado sobre los desafíos que existen en materia de derechos humanos en Colombia, es el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.En los últimos meses, Vivanco ha criticado varias disposiciones del gobierno nacional; tal como la decisión del Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, de promover el ascenso de cinco militares, presuntamente involucrados en casos de falsos positivos. Para Vivanco: “en lugar de enviar un mensaje contundente de que ha superado la oscura etapa de los falsos positivos, el Ministerio de Defensa mancha la reputación de las Fuerzas Armadas”.Vivanco también ha manifestado su preocupación acerca de la situación que viven 59 colombianos que se encuentran presos en Venezuela acusados por paramilitarismo, pese a que en noviembre pasado, un tribunal de justicia venezolano ordenó su inmediata liberación. En una carta dirigida hace un mes al presidente Santos, Vivanco dijo: “Es crucial que su gobierno considere adoptar con urgencia medidas concretas para garantizar que estas personas sean liberadas lo antes posible. Nuestra experiencia en Venezuela nos permite concluir que, sin una firme presión de la comunidad internacional liderada por el gobierno especialmente afectado, que en este caso es el colombiano, la posibilidad de que estas personas sean liberadas es ínfima o incluso nula”.La crisis humanitaria que vive actualmente el departamento de La Guajira también ha estado bajo el escrutinio de la ONG. En Octubre pasado, Vivanco solicitó a la OCDE que al momento de evaluar la adhesión de Colombia al organismo internacional, se debería examinar la respuesta insuficiente que han brindado las autoridades colombianas al grave estado de desnutrición del pueblo Wayúu.Otro de los puntos en los que Vivanco ha hecho reparos, tiene que ver con los alcances del Acuerdo de Paz con las Farc en materia de justicia. En su más reciente informe, Vivanco manifestó que pese a los avances del Acuerdo para terminar el conflicto armado y lograr el desarme de las Farc; algunas disposiciones de la Ley de Amnistía y la reforma constitucional que crea la JEP, promueven más la impunidad que la justicia o el castigo a aquellos que han cometido graves violaciones.