Uno de los puntos más importantes del proceso de paz con las FARC es el mecanismo de refrendación de los acuerdos a los que se lleguen en La Habana. Desde que iniciaron las negociaciones el presidente, Juan Manuel Santos, se comprometió con los colombianos a que todos los acuerdos que se suscribieran con la guerrilla serían sometidos a su aprobación o rechazo. Este martes Laura Gil, Vicenç Fisas, Everth Bustamante y Jorge Restrepo debatieron con María Jimena Duzán si es necesario que los colombianos refrenden los acuerdos de La Habana entre el gobierno y las FARC para lograr la paz. En primer lugar, Laura Gil, internacionalista y politóloga se refirió al tema del fiscal Eduardo Montealegre con respecto al M19 y dijo: "Es una revisión oportunista y mezquina porque pone en jaque lo que se está haciendo en La Habana”. Además, con respecto al plebiscito para la paz, según ella, Colombia no puede permitir que un conflicto de 60 años termine en la caneca y se arruine lo que se ha acordado porque las Farc están dando muestras de que “la paz va en serio”. Por su parte, para Vicenç Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, lo preocupante es que el gobierno, según sus fuentes, no tiene idea de cuánto costaría el Posconflicto. Y además afirmó: "Me corto el brazo si las FARC no cierran el proceso de paz a finales de 2016”. Además, Everth Bustamante, senador por el Centro Democrático y exmilitante del M19, dijo que las negociaciones con el grupo guerrillero han tenido poca popularidad y pueden tener el rechazo de los colombianos a la hora de votar y que el proceso se ha llevado a cabo de una forma equivocada. Por último, Jorge Restrepo, director del Centro de Investigación y Estudios sobre Conflictos Armados, Violencia Armada y Desarrollo (Cerac), señaló que la legitimidad del proceso de paz está garantizada desde el principio y no se puede poner en cuestión el procedimiento. A pesar de todo, el camino que sigue es tortuoso pero debe transitarse para la recta final hacia la paz. Al fin y al cabo, pretende lograr muchos objetivos a la vez: convertir en normas los acuerdos de La Habana, darles una base política de apoyo popular, mantener la palabra empeñada por los negociadores y seguir el proceso dentro del orden institucional.