En menos de dos meses, Cauca ha sido escenario de cinco acciones violentas que dejan el penoso saldo de 47 muertos y decenas de heridos. Entre las víctimas fatales de esos hechos se cuentan indígenas, afrodescendientes, campesinos, militares y guerrilleros. Además del derramamiento de sangre, estas acciones han causado un fuerte remesón en la mesa de negociación de la Habana, donde Gobierno y FARC discuten el fin del conflicto armado en Colombia. Por cuenta de los coletazos de la guerra en el Cauca se han reversado gestos de voluntad entre las partes que negocian, como el anunciado cese unilateral al fuego declarado por la guerrilla desde el 20 de diciembre de 2014, o la suspensión temporal de bombardeos por parte de las fuerzas militares. Por ejemplo, cuando las FARC masacraron a diez militares e hirieron a otros 20 el pasado 15 de abril en Buenos Aires, durante una emboscada que violó el cese al fuego unilateral que la misma guerrilla declaró, el presidente Santos ordenó reactivar los bombardeos que un mes atrás había suspendido como gesto de buena voluntad. Ahora las FARC acaban de replicar el misma reversazo al suspender el cese unilateral al fuego, luego de confirmarse la muerte de 26 guerrilleros durante un bombardeo en zona rural de Guapi, en la madrugada del jueves. “Contra nuestra voluntad tenemos que proseguir el diálogo en medio de la confrontación”, dijo esa guerrilla a través de un comunicado. En el video del bombardeo puede verse lo preciso de la operación, ejecutada por la Fuerza Aérea y planeada junto al Ejército y la Policía desde que ocurrió el ataque a Gorgona, en noviembre del año pasado. Y para rematar, mientras Gobierno y FARC afinaban detalles sobre la manera como se hará el anunciado proceso de desminado en el país, el pasado miércoles una niña de tan solo siete años de edad fue víctima fatal de una mina antipersonal sembrada en el camino que ella y decenas de escolares usan para ir a una escuela rural en Buenos Aires. Esa tragedia, por supuesto, llegó a la mesa de La Habana y los negociadores del gobierno se remangaron sus pantalones en señal de protesta. Todo ello demuestra que cualquier acto del conflicto que ocurre en el Cauca impacta en La Habana. Lo que muchos se preguntan es: ¿Por qué? Para empezar, basta recordar que en ese departamento se han perpetrado masacres dolorosas contra las comunidades indígenas, como las de El Naya, Gualanday y San Pedro, ejecutadas por grupos paramilitares y que superan las 150 víctimas. Además, los indígenas representan el 20 por ciento de la población caucana, con 240.000 personas, y la lucha por la tierra ha desatado sangrientos conflictos, cuyos brotes de violencia aún se sienten. A ese lío se agrega el de las comunidades negras, que constituyen otro 20 por ciento de la población y también padecen las tensiones por sus territorios. Por otro lado, históricamente ese departamento ha sido cuna de brotes revolucionarios como el movimiento Quintin Lame y el Ejército Republicano Bolivariano. Durante la arremetida del Plan Patriota contra la guerrilla en el sur del país varios de sus frentes migraron hacia el suroccidente en busca de refugio, y de esa manera se asentaron en departamentos como Nariño, Cauca, Valle y Chocó. Fuentes de inteligencia militar estiman que en esa región del país hoy hacen presencia un millar de subversivos a través de los cuatro frentes y 12 compañías del ELN, sumados a los 11 frentes, siete columnas y dos compañías de las FARC. En el Cauca hallaron fortalezas naturales que les permitió establecer y controlar corredores para el tráfico de armas, cultivos de coca, y una ruta que conectara el centro del país con el mar Pacífico. La región fue tan bondadosa para la subversión que el máximo líder de las FARC, Alfonso Cano, migró hacia el Cauca con su frente. Pero en esas montañas fue abatido durante un bombardeo en noviembre de 2011. Ese despliegue subversivo en el Cauca motivó una respuesta del Gobierno en 2010, que involucró la llegada de 2.500 soldados, la puesta en marcha del Comando Conjunto Pacífico, el traslado de la III División del Ejército a su capital, el arribo de doce pelotones, batallones contra el narcotráfico, contrainsurgentes, fuerzas especiales urbanas y dos pelotones blindados. Desde entonces la región se viene consolidando como el vórtice de la guerra que libran las fuerzas militares contra los grupos armados ilegales. Mientras tanto, el Cauca parece condenado a concentrar la maldad de la guerra entre ambos bandos. Uno de los principales temores de los caucanos es que con el anuncio de las FARC de levantar el cese unilateral al fuego retornen los hostigamientos a los pueblos con los temidos cilindros bomba y el plan pistola contra policías y militares, y de nuevo la comunidad quede en medio del fuego cruzado. Aunque algunas de esas señales de violencia ya venían ocurriendo aún en medio de la tregua unilateral. Prueba de ello es que a la masacre de los militares en Buenos Aires y el bombardeo del campamento guerrillero en Guapi se suman otros hechos de violencia que vienen acumulándose como una bomba de tiempo. Por ejemplo, la misma semana de la masacre de los militares, hombres fuertemente armados, encapuchados y con fusiles, raptaron y acribillaron a cinco miembros de una misma familia indígena del resguardo Cerro Tijeras, en Suárez. Y el 11 de mayo fueron 'ajusticiados' cuatro mineros artesanales en zona rural de Buenos Aires, al parecer por robarles el oro que habían comprado en las minas ilegales de la zona. La relación de esos hechos con el conflicto es que son territorios de dominio de las FARC, donde controlan las minas ilegales y cultivos de coca. En ese mismo departamento las autoridades indígenas denunciaron la existencia de un supuesto plan pistola contra sus comunidades, y es en esa misma región donde los indígenas llevan a cabo, desde febrero pasado, un proceso de ocupación de varias haciendas productivas y que ellos reclaman como suyas por derecho ancestral. La protesta que los indígenas Nasa del norte del Cauca denominan “Minga por la Liberación de la Madre Tierra” desencadenó actos violentos durante los choques con el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, que ya causaron la muerte de un indígena y dejan casi 300 heridos de ambos bandos. El problema del conflicto armado colombiano en esa región del país es tan sensible que muchos empresarios que le apuestan al proceso de paz coinciden al argumentar que si se firma un acuerdo, “sin duda la foto del fin de la guerra se tomará en el Cauca”.