Las protestas en contra de los alcaldes no son extrañas en Colombia. En este caso, indígenas del extremo norte del país se manifestaron en oposición a la primera autoridad de su municipio, Uribia (La Guajira), Luis Enrique Solano Redondo, a quien reclaman los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) que les envía el Gobierno Nacional para sus proyectos.Entre las particularidades no solo está que, con sus pocos recursos, un par de decenas de manifestantes debieran viajar por casi 10 horas a través de las trochas casi intransitables de la desértica sabana guajira, teniendo en cuenta que el municipio constituye casi la mitad de la península que conforma el departamento (tiene un área de 8.200 kilómetros, el más extenso de la Región Caribe) hasta el casco urbano.Además, debieron recorrer los 95 kilómetros que separan por carretera a Uribia de Riohacha, donde el alcalde Solano Redondo tiene su residencia y, a decir de estos uribieros, desde donde gobierna, con sede adicional en Barranquilla. En la mañana de este martes ellos arribaron a la vivienda del mandatario en el céntrico barrio Padilla de la capital guajira, donde exigieron solución a sus demandas.“En Uribia no hay alcalde. Se le esconde al pueblo en Riohacha” y “el alcalde de Uribia vive en Riohacha para evadir responsabilidad. Exigimos pago el SGP”, eran el tipo de consignas que se podían leer en las pancartas que los wayú, varios de ellos autoridades tradicionales, llevaron hasta la casa de su alcalde.¿Plata perdida?Los recursos que reclaman son conocidos como de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas “para la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados e incluidos en los planes de vida o de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas”, según la Ley 1450 de 2011.Las comunidades indígenas beneficiarias en todo el país recibieron solamente en 2017 por este rubro 181.664 millones de pesos, según un informe de la Contraloría.La problemática, según fuentes consultadas por SEMANA, tendría dos aristas, ambas bastante graves. La primera, tendría que ver con que los dineros que gira la Nación vía SGP se envían con base en un censo de la población que, según las denuncias, estaría inflado para que así el municipio —que por ley administra los fondos—pueda recibir más dineros de los que debiera.Por otra parte, quienes están encargados de entregar los recursos hacen firmar a los indígenas, algunos de ellos iletrados, por el valor del proyecto propuesto, pero en la práctica les entregarían a los afectados un monto mucho menor. También hay denuncias de casos puntuales, como un proyecto de 2.000 millones de pesos para adquirir hilo para tejer las tradicionales mochilas wayú que no ha podido iniciarse porque, si bien el dinero aparece como invertido, la materia prima no aparece.SEMANA trató de contactar al alcalde Solano Redondo a diversos números de celular, pero en ninguno fue posible encontrarlo puesto que, al parecer, cambiaría de línea telefónica constantemente. También intentó contactar a la secretaria de Asuntos Indígenas de Uribia, Betty Almanzo, pero tampoco estuvo disponible. Medios locales señalaron hace un par de semanas que líderes wayú contemplan denunciar a la funcionaria “por no atender a la comunidad”.Alcalde viajeroAl alcalde Solano Redondo no solo le critican la ausencia de su municipio y que gobierne desde Riohacha, a 95 km de distancia, o Barranquilla, a 395 km.En noviembre de 2018 también le llovieron reparos con motivo de un viaje a Cerdeña, Italia, en el que realizó, según las redes sociales del mandatario “un recorrido por las haciendas de la Municipalidad de Samungheo en la provincia de Oristano de Sardegna, Italia, en la que nos explican toda la elaboración de ricota (queso) artesanal con leche de cabra. Es un intercambio de culturas junto con el alcalde Antonello Demelo. #TodoPorUribia”.La polémica arreció cuando se supo que viajó, ademas, con su esposa, con una tía y con su mamá, la exalcaldesa en dos oportunidades de Uribia Cielo Redondo, que pudo salir del país y viajar también a Israel, pese a que tiene libertad condicional mientras es investigada en un proceso por presuntas corrupción y parapolítica durante sus mandatos.Pese a la pobreza de Uribia, donde la falta de agua en muchas partes es responsable de la mortandad infantil, contrasta con su enorme belleza, sus grandes riquezas naturales y las regalías que obtiene por ser puerto de embarque del carbón de El Cerrejón y sitio de paso del gasoducto transoceánico.Es también un lugar de diversas complejidades. Mientras los indígenas habitan los terrenos inhóspitos en los que ancestralmente han habitado, también rivalizan en cierta tensión étnica con los afros que viven en el casco urbano. Todo ello lo adereza la llegada de miles de venezolanos, la gran mayoría wayú, que huyen de la crisis política y económica del vecino país.Por lo pronto, los habitantes del municipio más septentrional del país no parecen muy contentos con su alcalde y denuncian que él —cuando está—no saldría del casco urbano y durante su mandato no ha visitado nunca la zona del extremo norte. Es diciente el lema de otra pancarta que podía verse en la protesta al frente de su casa: “Estamos buscando al alcalde de Uribia. Queremos conocerlo”.