La población civil que reside en los corregimientos de Balsilla, Guayabal, Central, Guacamayas y Troncales, en el municipio de San Vicente del Caguán, se encuentra en peligro inminente debido a una disputa por el control territorial y social entre la Segunda Marquetalia y el denominado Estado Mayor Central, según advierte la Defensoría del Pueblo tras emitir la Alerta Temprana de Inminencia 018 de 2023.
La Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha determinado que estas dos facciones disidentes de las antiguas Farc han incursionado en la región, lo que ha provocado enfrentamientos y generando una situación de alto riesgo para la población civil en estos cinco corregimientos.
“Con la Alerta Temprana de Inminencia 018, estamos advirtiendo sobre la situación de riesgo actual para la población civil en el área de la cordillera del municipio de San Vicente del Caguán. Es crucial que el Estado tome acciones urgentes para garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de la población civil”, afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La preocupación por el riesgo aumenta debido a que estos corregimientos cuentan con una Zona de Reserva Campesina, el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Óscar Mondragón, y los resguardos de Altamira y Banderas del Recaibo.
En el último mes, de acuerdo con la entidad, se han registrado diversos hechos victimizantes en la zona, como la desaparición de un hombre de 37 años, el asesinato de otra persona y la presencia de hombres armados que se identificaron como integrantes de las disidencias de las Farc. Todos estos sucesos ocurrieron en el mes de mayo.
La Defensoría del Pueblo también informó que se han producido dos enfrentamientos entre estas dos facciones disidentes. El primero tuvo lugar el 12 de mayo en la vereda Las Perlas, y el segundo el 15 de mayo en el sector de la vereda Las Morras. Estos incidentes han generado preocupación y zozobra en las comunidades.
“Es crucial que se tomen medidas rápidas para evitar el escalonamiento de la amenaza, el riesgo de confinamiento, los desplazamientos individuales y masivos, así como las desapariciones forzadas”, enfatizó el defensor Camargo.
Es importante destacar que estos hechos ocurren a pesar de que el Estado Mayor Central forma parte del cese al fuego bilateral entre el Gobierno nacional y varios grupos armados. La situación requiere una pronta respuesta de las autoridades competentes para proteger a la población civil y evitar una escalada de violencia en la región.
Esta alerta se suma a la 015-23 emitida por la Defensoría por las por disputas entre el ELN y disidencias de las Farc por control de rutas del narcotráfico en Vichada.
Las comunidades indígenas, los reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y de víctimas en el municipio de La Primavera, departamento del Vichada, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, “se encuentran en riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales por la presencia y accionar de grupos armados ilegales que se disputan el control del área de frontera transnacional con Venezuela y de las rutas para el tránsito de economías ilegales que atraviesan la jurisdicción de esta localidad”.
Según la Alerta Temprana 015-23, la población en especial situación de riesgo son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente aquellos que habitan en el sector rural en inspecciones o resguardos indígenas “con tránsito de grupos armados no estatales, estructuras de narcotraficantes y bandas armadas”. En la alerta, también se destacó la situación de las comunidades indígenas y autoridades ancestrales de los pueblos Sikuani, Cubeo, Cuiva, Sáliva, Piapoco y Waupijiwi en condición de desplazamiento forzado que viven en asentamientos.