SEMANA: Como gobernadores del Eje Cafetero, ¿cómo se dan cuenta del riesgo de que algunas hectáreas del Parque Los Nevados serían entregadas a los indígenas misak?
Juan Diego Patiño (J. P.): Antes de empezar una junta con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) nos damos cuenta del llamado de las comunidades sobre la zona prepáramo y entramos en contacto con las demás gobernaciones y corporaciones, porque esta política del Gobierno nacional no puede ir en contravía de las necesidades de los territorios, dado que este parque es sujeto de derechos.
Con lo que se ha venido presentando en estos predios, hay incertidumbre en los propietarios. Nosotros nos regimos a unos avalúos comerciales que no pasan de los diez millones y medio, y sabemos que las autoridades indígenas y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) están haciendo ofertas muy superiores.
La preocupación más grande es que no importa si son minorías indígenas, campesinas o afro, porque la preocupación es la conservación de este territorio para el recurso hídrico. En esta política del Gobierno nacional debe haber una planificación, un ordenamiento, y debemos priorizar la vida, porque esto nos pone en alerta a 650 mil personas del departamento de Risaralda y debe poner en alerta a los demás departamentos que allí confluyen.
Son cien municipios que toman el recurso hídrico del Parque Natural Los Nevados. Esto no puede ir en contravía de las necesidades de las regiones y por eso pedimos que se detengan estas compras de tierras, porque merecen conservación. Esta es una situación que nos pone en alerta roja a todos los gobernantes y a la ciudadanía en general.
SEMANA: Estamos hablando de cuatro departamentos y tres millones de personas cuyo sustento de agua depende del Páramo Los Nevados, ubicado en el Parque Nacional Los Nevados. Los indígenas que están reclamando son del municipio de Dosquebradas, han estado en zonas de influencia del páramo... ¿consideran como gobernadores del Eje Cafetero legítimo o ilegítimo que los indígenas estén reclamando parte de un territorio protegido que es sujeto de derechos por una sentencia de la Corte?
J. P.: Quiero enfatizar que aquí, cualquier tipo de población –sea campesina, negritudes o indígenas–, no la estamos sesgando a que pueda estar ocupando algún territorio. No estoy en contravía de la política de tierras del Gobierno nacional, pienso que a los campesinos, indígenas y las minorías hay que generarles disponibilidad de tierras, pero la planificación es muy importante en los territorios. En el caso de Risaralda, son 650 mil personas que se abastecen de este recurso hídrico a las que estamos poniendo en riesgo.
Esta zona no es productiva, entraría en contravía de las necesidades del territorio y ya hay una sentencia que nos invita a aunar esfuerzos entre los cuatro territorios y la nación para poder conservar ese proceso.
SEMANA: Hubo una reunión entre las gobernaciones del Tolima, Caldas, Quindío y Risaralda, además de cada una de las CAR con la Presidencia de la República; al cierre, desde las CAR aseguraron que quedaron con preocupaciones y que faltó una respuesta clara de la ANT. ¿Por qué están preocupados, por qué dudan de la respuesta del Gobierno a este reclamo?
J. P.: Nosotros, como territorios, debemos velar por la seguridad del recurso hídrico, por conservar este páramo. En el caso de Risaralda, que ya está adelantando avalúos comerciales, que ya está en procesos de compra de tierras en ese entorno, encontramos que los dueños de los predios nos dicen que la oferta que tienen de los indígenas y de la ANT es a 20 millones de pesos, mientras que nosotros como Gobernación ofrecemos cerca de 10,5 millones de pesos. Entonces, entramos en una competencia desleal donde no podemos avanzar en el proceso de conservación. Esa es la preocupación.
Invitamos al Gobierno nacional a desmentir, si es que es una realidad, que está vinculado en la compra de estos predios, para nosotros poder avanzar con las comunidades y los dueños, y destinarlos a la conservación. Este es el punto que nos tiene preocupados a los gobernadores, ya tenemos nuevamente una citación de la Presidencia de la República para hablar esto, y es donde verdaderamente podemos tomar determinaciones. Esto no puede convertirse en un tema de quién da más o quién da menos, porque estamos hablando de la vida y del agua de la gente. La invitación es a la ANT y al Gobierno nacional a entender que dentro de su política de restitución de tierras se pueda planificar en los territorios y no vayamos en contravía de las necesidades de estos.
SEMANA: Usted está diciendo que desde la ANT ofrecen el doble de lo que pueden pagar las gobernaciones. Pero estamos hablando de un ecosistema de páramo que está en propiedad de un privado, ¿por qué lo posee un privado y no una CAR, una Gobernación o el mismo Estado?
J. P.: Hay familias que llevan años completos ahí, desde hace generaciones. En el caso de Risaralda, hay cuatro mil hectáreas en ganadería extensiva. Esta es la zona de amortiguación del páramo. Según la sentencia, el proceso de conservación se debe hacer en esta zona específica porque no tenemos cómo revertir, por ejemplo, el deshielo del nevado Santa Isabel; entonces, la sentencia lo que nos dice es conservar esta zona prepáramo para generar la disponibilidad del recurso hídrico en las fuentes hídricas que surten a los municipios. Y esta es la zona que está siendo intervenida en este momento para la compra de predios.
SEMANA: ¿Qué riesgo ven ustedes como autoridades locales a que a este ecosistema termine llegando alguna comunidad o una empresa que no lo utilice para la conservación? ¿Qué riesgo ven a que se avale jurídicamente la posibilidad de que haya más ganadería o cultivos en esta zona?
J. P.: Nosotros estamos en un contexto donde, dentro de la zona del páramo, pocas son las acciones que podemos generar. Hay que trabajar y aunar esfuerzos en el proceso. Pero, en esa zona de amortiguación es donde tenemos la posibilidad real de conservar el recurso hídrico; por eso la invitación a las autoridades y el sector privado es a que nos ayuden a comprar los predios para pasar de ganadería extensiva a usar las tierras en conservación a través de las CAR, con un proceso de reforestación con especies nativas.
SEMANA: ¿Considera usted que la ANT está siendo irresponsable al considerar entregar a las comunidades un ecosistema protegido?
J. P.: Completamente. Estamos hablando de la vida de la gente. En últimas, estas cuatro mil hectáreas (en el caso de Risaralda) es donde podemos llegar a conservar el recurso hídrico. Esa zona prepáramo es donde nosotros podemos aunar esfuerzos completamente para empezar a conservar. No me gano nada como Gobernación solo comprando las tierras, nosotros tenemos que ir más allá con la reforestación con especies nativas para conservar el recurso hídrico.
SEMANA: Ustedes como gobernadores le envían la carta al presidente y lo que hace el director de la Agencia es responderles que es “falso”. ¿Qué mensaje le da a usted al director de la ANT sobre estos predios? ¿Qué les pide a Juan Felipe Harman y al presidente Gustavo Petro para el futuro de estos territorios que son de protección?
J. P.: Hablemos claro con las comunidades, salgamos a desmentir lo que está ocurriendo en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural de Los Nevados. Para nosotros, como autoridades locales, continuar los procesos que tenemos adelante. Si ellos salen como presidente de la República y director de la ANT a desmentir esta realidad, ya los dueños de los terrenos pueden continuar los procesos que venimos adelantando desde las gobernaciones de Risaralda, Caldas, Quindío y Tolima. Este es un mensaje para aunar esfuerzos y no sentir como rueda suelta la realidad que vivimos en las regiones respecto a lo que hace el Gobierno nacional.
SEMANA: Estamos hablando de un Gobierno del cambio que prometió tener la bandera ambiental en el primer punto de su agenda. ¿Cómo califica el hecho de que el mismo Gobierno que prometió cuidar los ecosistemas sea el que en este momento está poniendo en riesgo un ecosistema clave para la biodiversidad del país?
J. P.: Es una incoherencia, no lo entiendo. Por eso fue que firmé la carta de manera inmediata cuando recibí la información para que el Gobierno nacional aclare la situación. Nosotros no tenemos claridad sobre para dónde vamos, cuál es la política que van a generar en esa zona de amortiguación del Parque Nacional Natural de Los Nevados y, realmente, queremos saber si es cierta la información de que están trabajando con grupos étnicos para la compra de tierras o si de verdad, como Gobierno nacional, nos van a ayudar a los territorios a conservar y cumplir la meta de conservación que necesitamos en esa zona prepáramo.