Un estudio de la Contraloría General de la Nación halló que la inversión del Estado en gasto social es menor de lo que se afirma, ya que se introducen ítems que no son propiamente de inversión social. Así lo afirmó el funcionario de la Contraloría y candidato a doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia Juan Carlos Villamizar, durante el Foro Gasto Público Social en Niñez. Según explicó, la partida presupuestal más relevante son los gastos en seguridad social, básicamente en pensiones, por cerca de 29 billones de pesos. El otro gasto significativo, contado como gasto social, es en el subsidio a la gasolina, por 6 billones de pesos. “Esos no son gastos que atiendan directamente, por ejemplo, a la niñez. Es claro que el gasto en pensiones atiende a un sector muy particular de la población. En el caso de la gasolina, no todos se benefician con ese recurso. El Gobierno ha sustentado y tiene argumentos para hacerlo, para decir que en efecto por esa vía están generando gasto social, pero es un error”, aseguró Villamizar. Para la Contraloría, la inversión en gasto social ha estado estancada en los últimos años. “El gasto social es aquel que sea universal, aplicado a todos los colombianos, que genere un efecto directo sobre la solución de las necesidades básicas insatisfechas de las personas, que disminuya la pobreza y que mejore las condiciones de vida de la población”, dijo el funcionario. El peruano Jorge Oroza, coordinador de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la organización Save the Children, aseguró que el próximo Gobierno de Colombia tiene un reto gigante en generar equidad social, especialmente con los niños. “Hemos llegado a algunas conclusiones. La primera es que la crisis económica internacional afecta sobre todo a los niños, en toda América Latina, pero particularmente en Colombia. Hay más niños que están fuera del sistema educativo, los servicios que están recibiendo son menores a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, hay altos índices de desnutrición crónica, de niños en calles, que no tiene agua, que no tienen acceso a una escuela de calidad”, dijo Oroza. Según el representante de Save the Children, el Estado colombiano está en una encrucijada, debido a que las cifras oficiales dicen que tiene un déficit de 4,5% de inversión en infancia y adolescencia. “El próximo Gobierno tiene que introducir cambios importantes en el gasto y en la política fiscal”. Villamizar asegura que esta clase de análisis, como el que hizo la Contraloría, responde al cumplimiento de la norma que le exige al Estado colombiano hacer seguimiento, evaluación y control del gasto público. “En el caso de la Ley de Infancia, se les ordena a los órganos de control, tanto a la Contraloría como a la Procuraduría, y a otras instituciones, que se vigile y atienda los recursos para la infancia en sus distintos niveles, tanto para la primera infancia, para la educación media y para los jóvenes”. Con información de Unimedios