La Contraloría General de la República declaró responsables fiscales al exalcalde de Mocoa, Putumayo, Mario Luis Narváez Gómez, y al extesorero municipal Ever Clemente Ruiz, entre otros, por un caso de manejo irregular de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) mediante transferencias electrónicas que se dio en el año 2011.
En 2017, el exalcalde y el extesorero de Mocoa fueron asegurados en su domicilio, después de que así lo dictara un juez penal, debido al mismo caso. En ese entonces, Narváez aceptó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Además, en 2018, esta fue la razón por la cual la Procuraduría General de la Nación los sancionó con destitución e inhabilidad general de 15 años a los funcionarios.
A través de la gerencia departamental de Putumayo, el organismo de control profirió dos fallos con responsabilidad fiscal por valor 2.178 millones de pesos, que ya fueron ejecutoriados.
La entidad logró demostrar la responsabilidad fiscal de los exfuncionarios y otros comprometidos en la realización de varias transferencias electrónicas desde cuentas bancarias del Municipio de Mocoa.
En su momento, la Procuraduría informó que fueron ocho movimientos desde la cuenta maestra del Sistema General de Participaciones régimen subsidiado a nombre del municipio de Mocoa a la sociedad Comercializadora Internacional de Servicios Aduaneros Ltda. (Coinsa Ltda.), esto sin justificación alguna e incrementando el patrimonio de terceros. En ese entonces, el Ministerio Público señaló que se trataba de transferencias por $1.354′952.474.
El ente comprobó para 2018 que Coinsa Ltda. nunca celebró ningún contrato ni tuvo vínculo comercial con la administración municipal Mocoa o con alguna EPS o IPS y, por lo tanto, esta sociedad no podía ser beneficiaria de recursos del régimen subsidiado.
Las faltas de los entonces funcionarios fueron calificadas como gravísimas cometidas a título de dolo.
Ahora, en 2021, la decisión de declararlos responsables fiscales la tomó la Contraloría tras verificar que hubo un manejo irregular de recursos públicos, el cual se reconoció al efectuar pagos a favor de terceros, que no tenían ningún vínculo contractual con ese ente territorial.
Los recursos públicos, que correspondían al Sistema General de Participaciones (SGP), debieron haberse utilizado para la atención en salud de la población de ese municipio, pero fueron girados a favor de una empresa de servicios aduaneros con sede en Ipiales y una Fundación ubicada en Tumaco.
Ahora, al ser declarados fiscales, los entonces alcalde y tesorero de Mocoa, que tenían a su cargo el manejo de la correspondiente cuenta bancaria, y la interventora del Régimen Subsidiado de Salud del Municipio de Mocoa para la época, deberán reintegrar los recursos que fueron transferidos sin que la comunidad de Mocoa obtuviera ningún beneficio por ello.
Según agregó el organismo de control, los procesos de responsabilidad fiscal finalizados se adelantaron como producto de una auditoría que realizó en su momento la Contraloría General de la República a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGR), cuyos hallazgos fueron trasladados entonces a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, dando pie a las respectivas investigaciones de carácter penal y disciplinario.