El suroccidente del país está viviendo el horror de la guerra como si no existieran las Fuerzas Militares, pues los grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc han obligado a desplazarse a varias familias en varias zonas de Colombia.
Este domingo 14 de julio, la Defensoría del Pueblo, mediante un comunicado de prensa, dio a conocer la grave crisis de orden público que viven más de 60 familias en zona rural de Buenaventura, que se vieron obligadas a dejarlo todo por el accionar de las disidencias de las Farc.
“El accionar indiscriminado de los integrantes de la Columna Móvil Jaime Martínez, del Bloque Occidental del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, obligó al desplazamiento de unas 60 familias de la comunidad afro Joaquincito Libre –perteneciente al consejo comunitario de la cuenca del río Naya– hacia la zona urbana de Buenaventura, Valle del Cauca”, precisaron en un comunicado.
De igual manera, agregaron que: “Otras 65 familias de la comunidad Joaquincito, la cual forma parte del resguardo indígena Epedara Siapidara –de la parte baja del río Naya–, debieron confinarse para salvaguardar sus vidas”.
Según la Defensoría del Pueblo, hay una tercera comunidad, del sitio conocido como Chamuscado, en proceso de desplazamiento por las conductas violatorias de derechos cometidas por los alzados en armas de la disidente Jaime Martínez.
“Como entidad nacional de derechos humanos, la Defensoría reitera la necesidad de que las instituciones competentes acaten las recomendaciones formuladas en su Alerta Temprana 039 de diciembre de 2023. Adicionalmente, es urgente que el Gobierno nacional, en coordinación con las autoridades del departamento del Valle del Cauca y del Distrito Portuario de Buenaventura, ponga en marcha acciones que protejan a la población afectada”, indicaron.
Al mismo tiempo, señalaron que es necesario que las familias confinadas, a las que llegaron y las que están en proceso de arribar vía fluvial al Distrito costanero, las autoridades les deben garantizar las ayudas humanitarias de emergencia para que sus derechos fundamentales –como a la vida, integridad, salud, alimentación, libre movilidad, al trabajo, entre otros– no continúen siendo vulnerados.
“Es necesario, así mismo y con un trabajo articulado y armonioso, evitar una crisis humanitaria derivada del confinamiento y desplazamiento masivos, hechos que a todas luces infringen el derecho internacional humanitario (DIH)”, señalaron.
La Defensoría hizo un fuerte llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que se puedan apersonar de la grave situación del orden público que están viviendo las comunidades en esta zona del país.
“Las estructuras amadas ilegales no pueden seguir atacando a la población civil. Por tanto, las fuerzas de seguridad del Estado deben prestar una mayor seguridad en las zonas convulsionadas por el conflicto, particularmente donde los actores armados insisten en sembrar el miedo y la zozobra a través de acciones bélicas y con el control territorial y social”, precisaron.
En el Valle del Cauca y el Cauca los grupos armados ilegales tiene el poder de los territorios pese a los esfuerzos de las Fuerzas Militares en medio de las operaciones para poder devolverle la tranquilidad a las familias que residen estas zonas.