Las víctimas del conflicto armado en Caldas, Quindío y Risaralda dieron a conocer sus puntos de vista acerca de las nuevas iniciativas de paz que se tienen en el país y las principales propuestas que se harán para buscar su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo.

Este diálogo regional llevado a cabo en la ciudad de Pereira contó con las mesas departamentales de víctimas, un delegado de la Mesa Nacional, representantes de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior; quienes hablaron además de las expectativas que se tienen puestas en el mandato del presidente Gustavo Petro, después de haber sido golpeados por las inclemencias de la guerra durante varias décadas.

Entre quienes intervinieron en el evento se encontraba la coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas en Caldas, Ludirlena Pérez Carvajal, quien destacó la voluntad de este nuevo Gobierno nacional al pretender involucrar a las 32 mesas que hay en el país y las que se tienen en el exterior para que participen en la construcción del Plan de Desarrollo.

Manifestó que esto se convierte en algo histórico porque permite incluir necesidades sentidas para más de 9.300.000 personas que están caracterizadas en el Registro Único de Víctimas (RUV), las cuales requieren la aplicación plena de políticas públicas de alto impacto.

“Desde Caldas se propone financiar la reparación integral con ocho iniciativas concretas, como la implementación de una estampilla províctimas; así como la destinación de recursos provenientes de unos impuestos con los que se debería gravar al carbón, el oro, el petróleo o el propio dólar, de acuerdo con los valores de referencia que maneje el Banco de la República”, puntualizó.

Indicó además que es indispensable que el Gobierno le inyecte mayor inversión al Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), para que se puedan atender adecuadamente las necesidades de esta población y se logre una verdadera humanización.

Tuvo palabras de admiración para la nueva directora de la Unidad Nacional de Víctimas, la abogada María Patricia Tobón Yagarí, de quien destacó su capacidad de escucha y concertación; por lo que espera que cumpla con todo lo pactado en los diferentes territorios.

Por su parte, Eisenwoher D’Janon Zapata, quien es el coordinador de la Mesa de Víctimas en Risaralda, aseguró que es muy importante alcanzar las indemnizaciones para las personas que aún no las han recibido y trabajar de manera conjunta con el Gobierno en el proceso de restitución de tierras. Resaltó una propuesta para bajar la edad mínima requerida para obtener los pagos de reparación, y que estos no se hagan únicamente con dinero para que se logre una verdadera integralidad.

Igualmente se refirió a la propuesta de una paz total, sobre la que dijo que es muy ambiciosa porque se entraría a dialogar con los grupos al margen de la ley que tienen vocación política acerca de las ideas que manejan, pero también con otras organizaciones que siempre han actuado de acuerdo con criterios de criminalidad, ilegalidad o tráfico de drogas.

Agregó también: “Si todos los actores armados como los que están actualmente en las disidencias, los que no negociaron y los que están involucrados en actividades como el narcotráfico, se someten a la justicia; Colombia alcanzará una auténtica paz colectiva, especialmente en las seis zonas en las cuales se podría considerar que existe una continuidad del conflicto. Así se detendría por fin esa bomba productora de víctimas y su posterior desplazamiento hacia otras regiones receptoras”.

El departamento del Quindío estuvo representado por la coordinadora de la Mesa de Víctimas, Nora Eliza Vélez Ortiz, quien catalogó como urgente la venta de los bienes que han sido incautados y que administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para que esos recursos se conviertan posteriormente en indemnizaciones para las familias.

“Buscamos que se apruebe la posibilidad de aumentar el porcentaje de los recursos de regalías para que estos puedan beneficiar directamente a la población. Igualmente flexibilizar los requisitos para presentar los proyectos de generación de ingresos”, manifestó.

Como delegado de la Mesa Nacional de Víctimas estuvo, José Negret, quien destacó el hecho de que las mesas departamentales del Eje Cafetero estén comprometidas para trabajar de la mano con el Departamento Nacional de Planeación, de tal manera que logren ser visibles en el Plan de Desarrollo a través de la garantía de sus derechos en los municipios y la ruralidad, así como en las comunidades étnicas.

Dejó claro que no está de acuerdo con la implementación del modelo de fiducia, porque esto significa congelar un presupuesto para que luego no se validen los precios de una manera actualizada para poder ejecutar los proyectos. Explicó que esto afectaría especialmente a los jóvenes que inician los procesos de reparación a los 18 años y luego deben esperar mucho tiempo para acceder a los beneficios, lo cual se terminaría convirtiendo en una gran barrera para ellos.

“Del actual gobierno se espera coherencia porque se ha padecido mucho olvido y revictimización en años anteriores por parte del mismo Estado. A este Plan Nacional de Desarrollo queremos llevar fielmente las indicaciones de cada departamento, donde la restitución de tierras para el campesinado es vital porque así se podrá retornar a los espacios de productividad y estos a su vez serán la base para la construcción de la paz”, aseguró.

Las asociaciones de personas que fueron afectadas por el conflicto armado en Colombia han manifestado que esperan que los anuncios de paz total hechos por el gobierno de Gustavo Petro impliquen una restauración y la aplicación plena de la Ley 1448 de 2011 sobre las víctimas y la restitución de tierras; porque ellos no son enemigos de las instituciones, sino constructores de paz en los diferentes territorios del país.