Noventa días después de haber sido suspendido del cargo de gobernador del departamento de Bolívar, Joaco Berrío Villarreal regresaría el lunes a esa posición si la Procuraduría General de la Nación no prorroga la medida de suspensión dictada el pasado 20 de agosto.  El Ministerio Público había adoptado la medida a partir de una investigación por quejas contra la Secretaría de Salud del departamento, en donde se venían presentando presuntos casos reiterados de corrupción, algunos denunciados por la misma administración de Berrío, ocurridos en el gobierno de su antecesor Libardo Simancas, actualmente detenido.La decisión adoptada por la Procuraduría de suspender al gobernador, se hizo para evitar que desde su despacho interviniera impidiendo la práctica de pruebas para la investigación. Hoy, ante la Procuraduría Provincial, y con asistencia del abogado defensor de Berrío, el ministerio público evalúa si prorroga la medida o si por el contrario acoge la tesis del gobernador y su defensor en el sentido de que el departamento no tenía forma de impedir que se practicaran pruebas o que se entorpeciera la investigación, porque la Secretaría de Salud se encontraba intervenida por el Ministerio de la Protección Social desde el pasado mes de julio, un mes antes de la suspensión de Berrío del cargo. En diálogo con Semana.com, el abogado del gobernador, Carlos Mario Isaza, dijo que hoy se evaluará si esa medida se puede mantener y la Procuraduría tendría plazo hasta las cinco de la tarde para hacerlo. Pasado ese término si no lo ha hecho se entenderá que desaparecieron las causales que dieron motivo para la separación del cargo y el gobernador podría reintegrarse el lunes o martes de la próxima semana.  El abogado dijo que la decisión de suspenderlo fue tomada por un asesor del Procurador General comisionado para ello y no se puede adoptar una nueva decisión sino una prórroga de la medida actual por 90 días más. Aunque Isaza considera que las causas no existieron (y si existieron ya desaparecieron), esa entidad disciplinaria podría tener un criterio diferente y mantener la suspensión. Crisis política De volver a su cargo, el gobernador encontrará una enrredada situación político – administrativa.  El gobernador encargado, Jorge Mendoza Diago (hermano del actual fiscal general encargado), nombró a diez nuevos funcionarios de alto nivel, inlcuidos varios secretarios y destituyó al equipo de confianza de su antecesor. A Berrío le tocará entonces trabajar, el resto de su periodo, con un gabinete de otro,  porque la ley de garantías, que entró en vigencia el pasado 14 de noviembre, le impide destituir, trasladar y realizar nombramientos hasta que no se hayan celebrado las elecciones parlamentarias el próximo mes de marzo. Mendoza Diago, el gobernador encargado, nombró en propiedad secretario de Talento Humano y Tesorero. Posteriormente se fueron presentando nuevas renuncias de personas cercanas a Berrío y remplazó al director del Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación, para nombrar a una persona cercana al candidato a la Cámara Alfonso López, hijo del candidato adversario de Berrío en las pasadas elecciones. Los cambios continuaron con la directora de Presupuesto, la secretaria de Educación, que fue remplazada por una muy cercana colaboradora de Cáceres cuando era concejal, también remplazó al secretario de Logística y Recusos Físicos y a los gerentes liquidadores de la Licorera de Bolívar y del Fondo de Tránsito Departamental, donde también encargó a un muy cercano colaborador del presidente del Senado, Javier Cáceres. Los últimos cambios, antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías, fueron en las secretarías de Planeación y de Agua Potable y Saneamiento, así como varios asesores.  El gobernador encargado, Jorge Mendoza Diago, en un comunicado de prensa el jueves de la semana pasada, dijo, ante publicaciones de prensa que cuestionaban los nombramientos realizados por él, porque se encontraba temporalmente, dijo que ‘no hay barrida en la gobernación, sólo se cambiaron dos asesores’. Los cambios mencionados desmienten lo dicho por Mendoza Diago. Los cambios comenzaron a darse desde antes, el mismo 21 de agosto, cuando el presidente encargó al secretario de agricultura Enrique Núñez Díaz, como gobernador provisional, mientras seleccionaba a uno de los candidatos incluidos en la terna enviada por Cambio Radical.  La Terna  fue elaborada por el actual Presidente del Senado, Javier Cáceres Leal, en su calidad de representante legal de Cambio Radical, partido que postuló e inscribió la candidatura del gobernador Joaco Berrío. La terna para nombrar gobernador encargado ante la suspensión de Berrío, estaba integrada por Guillermo Ramírez, un comerciante, exconcejal y expresidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio, por Rosiris Mendoza, una exconcejal cercana a Javier Cáceres Leal, y Jorge Mendoza Diago, un ingeniero que trabajó en Aguas de Cartagena y Transcaribe. La inclusión de Mendoza Diago en la terna ha sido criticada con el argumento de que creaba una situación incómoda pues en contra del gobernador Berrío cursan once investigaciones ante la Fiscalía General de la Nación y el nombramiento de un hermano del Fiscal General (e), le crearía impedimentos para pronunciarse contra Berrío y por supuesto iniciar investigaciones contra su hermano, el gobernador encargado. Lo cierto es que la semana entrante habrá movimiento en el Palacio de la Proclamación, sede del gobierno departamental de Bolívar. Una es que Berrío regrese y comience a retomar las riendas del departamento con un gabinete que en su mayoría no es de su confianza o que la Procuraduría decida prorrogar por 90 días más la suspensión del cargo. Ante éste último evento, personas cercanas al gobernador han manifestado que Joaco Berrío presentaría renuncia para que Gobierno Nacional convoque a nuevas elecciones y poner fin a la interinidad que hoy mantiene al departamento con un gobernador encargado.