José David Rocha Quintero, alcalde de Chimichagua, en el departamento del Cesar, dio a conocer este viernes 22 de noviembre, en conversación con SEMANA que desde la Agencia Nacional de Tierras del gobierno de Gustavo Petro, hay demoras en las entregas a varias familias de su población. Ahora, el mandatario teme a que se generen graves alteraciones del orden público por cuenta de estos atrasos.

“Yo lo que estoy de pronto pidiendo es que se agilice el tema de titulación de las tierras, que se entreguen tierras que sean ya legales a los campesinos para que ellos puedan realmente tener certeza de que lo que se les está entregando es de ellos. ¿Por qué? Hombre, a mí me llama uno de los propietarios de una de las fincas entregadas simbólicamente, Calandaima, más exactamente. Me dice que no se ha cancelado la finca, no se ha hecho efectivo el negocio. Entonces, una persona de esos propietarios puede iniciar un proceso jurídico para el desalojo de las personas que están ahí ya aceptadas. Entonces, ¿Qué es lo que pido yo? Hombre, que la agencia agilice la compra de la tierra, que se le entreguen los documentos reales a los adjudicatarios, La titulación, para que así el campesino ya tenga certeza y comience a trabajar su tierra sobre lo que es de ellos”, dijo el mandatario.

Al mismo tiempo, indicó que: “Si eso no se hace, aquí hay justicia, aquí hay jueces. Entonces, si un juez me dice a mí, sírvase desalojar a las personas que están alojadas en el predio tal, propiedad de fulano de tal, usted sabe cuánto cuesta movilizar el Esmad. Entonces, se me convierte en un problema social, un problema de seguridad de toda la índole. Entonces, pues yo lo que estoy pidiendo es que se haga celeridad en ese tema”.

El mandatario aseguró que todo lo que han prometido desde el gobierno nacional debe estar en el marco de la legalidad para evitar situaciones complejas en los territorios como lo que en este momento está advirtiendo.

“Yo lo que quiero es que agilicen eso. Yo lo que quiero es que los predios que entreguen estén revestidos de legalidad. Yo no quiero tener problema que un juez mañana me diga que tengo que desalojar el predio X, el predio Y. Nada, sino que se hagan las cosas al derecho”, expresó.

SEMANA también conoció que el alcalde envió un documento el pasado 15 de noviembre, a la Agencia Nacional de Tierras, pero hasta la fecha no le han dado respuesta alguna. En el documento se logra leer lo siguiente:

Yo José David Rocha Quintero, identificado con cédula de ciudadanía No., en mi calidad de Alcalde del municipio de Chimichagua - Cesar, respetuosamente por medio del presente escrito me permito manifestar mi profunda preocupación por situaciones que se han venido presentado recientemente por los anuncios de entrega de predios rurales en el municipio de Chimichagua por parte de la ANT a asociaciones campesinas de la zona. Me refiero específicamente a los predios que fueron entregados simbólicamente por esta entidad a los campesinos:

-Finca Calandaima de propiedad del Fondo Ganadero de Santander.

- Finca Santa María de propiedad de la familia Arredondo Daza

-Finca La América de propiedad de la sociedad Inversiones Rodríguez Fuentes

- Finca El Porvenir de propiedad de los herederos del difunto Benjamín Calderón

Con base a lo anterior, como autoridad municipal es necesario conocer sobre la situación legal de dichos predios y de esa manera poder tener claridad sobre el proceso de entrega oficial de los mismos. Dicha situación ha generado una gran expectativa en las asociaciones campesinas del municipio la cual ha causado serios inconvenientes de índole social y de seguridad por cuanto hay intenciones de ocupar estos predios sin tener la certeza sobre la situación legal de los mismos.

Tengo conocimiento que los únicos predios que han sido adquiridos por parte de la ANT son los predios La Oficina y Santo domingo. Es importante conocer sobre la situación legal de los predios en mención y así poder tener claridad sobre el proceso de entrega formal a los adjudicatarios designados, sin que lo anterior genere situaciones que repercutan negativamente en el orden público y social.