El Tribunal Administrativo del Cesar acogió las pretensiones presentadas por la Procuraduría General de la Nación en la acción de cumplimiento en contra de la alcaldía municipal de Valledupar y la Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR), que pedía el cumplimiento en su obligación de proteger el río Guatapurí frente a la afectación ambiental y contaminación causada por el vertimiento en sus aguas de los desechos líquidos y orgánicos producto de la actividad de crianza y sacrificio de ganado porcino en los predios aledaños a su cauce.
Gracias a la intervención del ente de control, el tribunal le ordenó al municipio de Valledupar y a Corpocesar, que se adelanten los procedimientos y acciones administrativas y de policía para la protección y recuperación del área forestal protectora del Río Guatapurí, impidiendo, vigilando y prohibiendo los vertimientos de desechos líquidos y orgánicos y todas las afectaciones contaminantes que personas naturales o jurídicas estén realizando en el cuerpo de agua y que generen afectación a la fuente hídrica, desde su nacimiento hasta su desembocadura.
Por los hechos vulneratorios de los derechos colectivos, las entidades mencionadas anteriormente, deberán antes del término de 3 meses, allegar al Comité de Verificación, el cronograma de trabajo dispuesto para acatar cada una de las órdenes y el plan de trabajo desde el marco de sus competencias constitucionales y legales.
Adicional a esto, cada 3 meses, la alcaldía de Valledupar y Corpocesar tendrán la obligación de celebrar un comité de trabajo conjunto para evaluar el cumplimiento de cada orden específica, remitiendo las actas de las sesiones a dicho comité, bajo la observancia de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal de Valledupar.
Corpocesar en la mira
No es la primera vez que la Corporación Autónoma Regional del Cesar está en la mira de organismos de control. La Procuraduría General de la Nación, abrió una indagación preliminar, luego de cotejar resultados de una auditoría financiera realizada por la Contraloría General, en la que concluyen que hay una millonaria deuda pendiente, la cual estaría relacionada con escasa gestión de cobro por parte de los funcionarios a quienes les corresponde la tarea.
El ente de control indicó que tiene el lente puesto en posibles anomalías en el saldo de deuda pendiente, que corresponde a 1.352 millones de pesos, cifra que proviene de la sobretasa ambiental en cinco municipios del Cesar.
Se trata de Chiriguaná, donde los recursos de la mencionada deuda ascienden a 432 millones de pesos. Entre tanto, en El Copey, la plata que no se ha gestionado es de $28 millones, mientras que en el municipio de Pelaya la suma es de $16 millones. En el caso de San Alberto, la suma involucrada es de 353 millones de pesos, y la capital del Cesar, Valledupar, los recursos corresponden a $528 millones respectivamente.
“La Procuraduría corrobora los funcionarios que habrían realizado las conductas denunciadas y establecer si es constitutiva de falta disciplinaria”, señaló la entidad.
En la auditoría financiera realizada por la Contraloría General se había expuesto el tema de las cuentas por cobrar que acumula Corpocesar, las cuales, al momento de concluir la revisión del ente fiscalizador, representaban el 23 % del total de activos de la corporación. No obstante, lo más preocupante fueron las cifras relacionadas con las cuentas de difícil recaudo y las que presentan un deterioro, es decir, que están quietas y no hay gestión para su recuperación.
En la investigación que ahora será revisada por la Procuraduría, se estableció que en la vigencia 2022, la facturación por la Sobretasa Ambiental fue de 18.777 millones de pesos, de los cuales, se recaudaron $16.793 millones, es decir, el 89 % del total.