Ante un juez con funciones de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a siete personas por presuntas irregularidades en la construcción de una megaobra, cuyos trabajos iniciaron desde el 2018 ,en la capital de Cesar, y aún no finalizan.
Para el ente acusador, los implicados en ese elefante blanco son un exalcalde, tres exsecretarios, dos contratistas y un interventor de Valledupar.
Se trata de Augusto Ramírez Uhía, alcalde municipal para el periodo 2016 – 2019; José Juan Lechuga Zambrano, exsecretario general, quien realizó la etapa precontractual, adjudicó el contrato, suscribió el acta de inicio; Juan Pablo Morón Riveira y Jorge Armando Maestre Jaraba, exsecretarios de obra y supervisores del contrato; Jhoana Patricia Vergara Abello, contratista de la fase inicial; Jorge Mario Peña Matos, contratista ejecutor y Carlos Andrés Lozada Contreras, interventor desde el inicio de la obra.
Resulta que en el 2017 se presentaron los diseños para la construcción de La Casa en el Aire, un proyecto que tiene como finalidad rendirle homenaje al cantante Rafael Escalona. En ese sentido, la infraestructura se proyectaba como un atractivo turístico para la ciudad que contaría con fotografías, textos de canciones y vestuario del inmortal maestro. Una iniciativa que, en teoría, funcionaría como una casa museo.
El 20 de diciembre de 2018 iniciaron los trabajos de construcción que, según el cronograma establecido, tuvieron que finalizar en noviembre de 2019. Sin embargo, cuatro años después La Casa en el Aire no ha sido entregada.
De acuerdo a los elementos materiales probatorios, se firmó un contrato inicial por un valor de $6.000 millones, con un plazo de ejecución de 11 meses. El proyecto fue adjudicado al consorcio Broers Constructores, donde la supervisión estaba a cargo de Vergara Cabello y Morón Riveira.
De acuerdo con la Fiscalía, se pudo establecer que durante la etapa precontractual se habría omitido obtener la licencia de construcción, lo que generó un desplazamiento de la cimentación de la obra, trayendo como consecuencia la suspensión en tres oportunidades de la misma. En atención a lo anterior, surgió la necesidad de hacer una adición al contrato de $2.897 millones, para un total de $9.000 millones.
Asimismo, se conoció que los cobros realizados por el nuevo representante legal del consorcio fueron autorizados tanto por el interventor y los supervisores saliente y entrante.
La entidad logró evidenciar que, hasta el momento, se han cancelado $8.357 millones, lo que equivale al 89% de la obra. No obstante, se determinó que el contratista habría presentado al municipio la ejecución de obras a mayor valor y mayores cantidades. Así las cosas, la Fiscalía pudo precisar que el municipio ha pagado más de $3.000 millones y la casa museo aún no termina.
Por este caso fueron capturadas las siete personas, mencionadas anteriormente, a quienes se les imputó los delitos de peculado por apropiación, agravado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
SEMANA conoció que la Fiscalía pidió medida no privativa de la libertad para el exalcalde y el exsecretario general. Con respecto a las otras cinco personas, se solicitó medida restrictiva de la libertad en su residencia. Además, este medio pudo establecer que finalmente el juez no acogió los argumentos de la Fiscalía y las siete personas quedaron en libertad, pero vinculados al proceso. Sin embargo, cabe recordar que el exalcalde y el exsecretario general siguen con medida domiciliaria por otros dos procesos distintos.