Las masacres registradas en las últimas semanas en Samaniego, Venecia, Llano Verde (Cali), El Tambo, Arauca y Tumaco han generado indignación entre los colomnbianos. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso se reunió este lunes para discutir el tema y encontrar soluciones de fondo.
La senadora Paloma Valencia, una de las citantes al debate, evidenció la grave problemática que se viene registrando en estos territorios, defendió la labor de la Fuerza Pública y propuso como una de las soluciones la erradicación forzada de los cultivos de coca.
“La sustitución voluntaria de cultivos no ha sido efectiva. Los cultivos ilícitos han crecido en el país. Se necesita incautación, erradicación, destruir la mercancía, reaplicar extradición y extinción de dominio. Darles alternativas a los campesinos‘‘, enfatizó la senadora del Centro Democrático.
También criticó a los senadores que consideran que la solución es la legalización de las drogas y dijo que no comparte las decisiones de la Corte Constitucional sobre la prohibición de la aspersión aérea o el decomiso de la dosis mínima.
“Tenemos que hacer un llamado para que las instancias judiciales entiendan que no afectan el desarrollo de la libre personalidad, afectan a los colombianos. Limita la acción contundente del Estado contra el narcotráfico. No es cierto que la solución que se planteó en los acuerdos de La Habana haya sido efectiva”, dijo Valencia.
En la comisión también participaron algunas de las víctimas. En general dijeron que la presencia del Estado no está siendo efectiva, que se sienten desprotegidos y que este tipo de situaciones vienen ocurriendo desde hace tiempo.
Jesús Edgardo Quintero, padre de Jhon Sebastián Quintero, uno de los jóvenes asesinados, recriminó que la Fuerza Pública no hizo presencia ni controlaba las reuniones sociales que se estaban realizando en la ciudad. “A sabiendas de que se estaban realizando actividades como las que estaban haciendo nuestros hijos, las autoridades no hicieron nada”.
Una de las imágenes más impactantes ha sido la de Campo Elías Benavides, víctima de Samaniego, con este cartel.
Y recriminó que se haya estigmatizado a los jóvenes diciendo que tenían relaciones con bandas criminales y que eso los estaba revictimizando. “Somos víctimas de la no competencia en lo correspondiente a la seguridad, nos sentimos solos”, afirmó.
Otra de las víctimas de Samaniego, un joven que era amigo de los fallecidos, también pidió que sean reconocidos como víctimas y que no se trataba de ningún ajuste de cuentas. "Todos eran grandes amigos míos. Con ellos compartimos no solo el colegio, sino prácticas deportivas y eran excelentes personas. Pedimos reparación para las 8 víctimas y las del conflicto armado que se encuentran en nuestro municipio", aseguró el primo de Óscar Obando, uno de los asesinados.
Una de las víctimas de Llano Verde, entre lágrimas, evidenció lo complejo de la situación en su región y pidió justicia y verdad sobre estos hechos. “Me disculpa la expresión, pero les resbala. Aquí viene uno, viene el otro y a la hora de la verdad quedamos expuestos. Estamos solos”, dijo.
El fiscal general, Francisco Barbosa, quien también hizo presencia, se refirió a las investigaciones que ha adelantado la Fiscalía en las diferentes regiones y dijo que desde la entidad investigarán a fondo estos crímenes. Mencionó que en los territorios ya se encuentran equipos interdisciplinarios investigando los hechos.
“Estamos adelantando una investigación clara y específica desde que se dieron los hechos. La Fiscalía ha actuado de una manera muy eficaz y pronta. No voy a andar diciendo que esta es una entidad que hace investigaciones exhaustivas y no llega a nada, garantizo que habrá esclarecimiento de las estructuras que se encuentran detrás de estos hechos”, aseguró Barbosa.
En representación del Ministerio del Interior hizo presencia el viceministro Carlos Alberto Baena, quien comentó que ya se tienen identificados los territorios con mayor afectación de este tipo de violencia gracias al Plan de Acción Oportuna (PAO). Así mismo, habló sobre la importancia de las alertas tempranas y otros avances que se están haciendo desde el ministerio para contrarrestar los hechos.
El director de la UNP, Alfonso Campo, hizo referencia a la protección de los líderes sociales y explicó que desde la entidad que coordina se han otorgado 162 esquemas de seguridad en Cauca, 548 en Nariño y 612 esquemas en Valle del Cauca.
La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, también participó de la comisión y comentó que es importante dar este debate en este momento y que se necesita unir esfuerzos. También agradeció la presencia del presidente Duque este fin de semana y del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
"Si no llegamos con un plan en el que les ayudemos a los campesinos con la erradicación de cultivos, va a ser muy dificil", dijo la gobernadora, quien denunció que han encontrado casos en los que se están llevando a niños a trabajar en cultivos ilícitos de coca.
Un funcionario de la Defensoría del Pueblo dijo que desde la entidad se vienen emitiendo alertas tempranas al respecto y se ha acompañado a las personas en los territorios. Expresó también la preocupación de que en estas regiones pueden seguir presentándose hechos de violencia por disputas en los territorios.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, comentó que uno de los principales problemas es el narcotráfico, que se viene presentado desde hace muchos años y que por ello se deben combatir con la misma fuerza todos los eslabones de la cadena desde la producción, la siembra, el consumo, etc. Trujillo también dijo que para erradicar los cultivos se debe recurrir a todos los mecanismos posibles. "El Gobierno ha venido recurriendo a la erradicación forzosa y voluntaria, estableciendo todos los requisitos de la Corte Constitucional para volver a la aspersión aérea", dijo.
"Resulta evidente que para desactivar esa financiación hay que bajar las hectáreas de coca. Está probado que la aspersión aérea es eficaz, es eficiente, es más segura, no corren riesgo los miembros de la Fuerza Pública y permite una muy buen focalización en los polígonos establecidos", comentó el ministro, diciendo que cuando tengan el aval de la Corte Constitucional se volverá a este mecanismo con los requisitos de salud y ambientales.
Un día en Samaniego, Nariño, tras la masacre | Videos Semana: