222 presos han sido liberados en Nicaragua en la mañana de hoy, considerados por el gobierno como “traidores a la patria” y fueron las autoridades nicaragüenses las que han acordado la “deportación inmediata” a Estados Unidos de estas 222 personas.
A los presos se les acusa en Nicaragua de cometer actos contra la independencia y la soberanía de Nicaragua, de “incitar” a la violencia y el terrorismo, de perpetrar acciones de “desestabilización económica” o de perjudicar “los intereses supremos de la nación”, ha explicado el juez Octavio Rothschuh en una breve comparecencia transmitida por televisiones oficiales.
Sobre todos ellos pesa, además, una inhabilitación “perpetua” para ocupar algún tipo de cargo electo en Nicaragua, donde en estos últimos años se ha recrudecido la represión de la disidencia.
Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos confirmó la acogida de 222 personas encarceladas de manera “injusta” en Nicaragua “por ejercer sus libertades fundamentales” y ha alegado que esta medida “abre la puerta a un mayor diálogo” con el país centroamericano, con el que Washington apenas mantiene relación a día de hoy.
Es “un paso constructivo para resolver los abusos de los Derechos Humanos” en Nicaragua, ha afirmado en un comunicado el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en la primera reacción oficial de la Administración de Joe Biden, poco después del aterrizaje del avión.
Las autoridades de Estados Unidos ofrecerán asistencia médica y legal a estas personas, que han llegado a un aeropuerto de Washington en un vuelo chárter. “Lo ocurrido hoy es resultado de la diplomacia estadounidense y seguiremos apoyando al pueblo nicaragüense”, ha prometido Blinken.
La expulsión de los presos políticos y religiosos de Nicaragua hace que pierdan la calidad de nacional nicaragüense, lo que significa que deja a todos los antiguos prisioneros expulsados sin ciudadanía.
Los traslados forman parte de un acuerdo entre Estados Unidos y Nicaragua, en virtud del cual las autoridades estadounidenses ofrecieron refugio a un total de 224 presos, si bien dos de ellos se negaron, según fuentes consultadas por el periódico ‘The New York Times’. Fue también la Administración de Joe Biden la que fletó el vuelo chárter en que han sido trasladados los presos.
La lista de personas beneficiadas, difundida por el Parlamento, incluye a destacados nombres de la disidencia durante estos últimos años, pero no así el del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, al que el diario ‘La Prensa’ apunta como uno de los posibles presos que no ha aceptado la expulsión.
Sí están, en cambio, otros nombres como el de Cristiana Chamorro Barrios, que intentó aspirar a la Presidencia en las polémicas elecciones de 2021, a las que Ortega concurrió sin rivales de entidad en el bando rival.
“Hoy ha terminado un largo día de tortura y crueldad contra los mejores hijos de Nicaragua”, ha afirmado su hermano, Carlos Fernando, en declaraciones al ‘New York Times’. “Todos los presos de conciencia son inocentes”, ha defendido en declaraciones al rotativo estadounidense.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, reclamó también en diciembre la liberación “inmediata” de 225 personas que permanecían detenidas “arbitrariamente” por su disidencia frente al Gobierno de Daniel Ortega. En su informe periódico de la situación, denunció las condiciones “precarias” en que estaban detenidos esos presos, así como el trato “humillante y degradante” al que se somete a sus familias.
La directora de la ONG Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, ha celebrado las liberaciones conocidas este jueves, aunque se trate de personas que “han sido enviadas al exilio”. “Fueron presas por defender los Derechos Humanos y levantar la voz contra un régimen despiadado”, ha subrayado en Twitter.
Con información de Europa Press.