El Congreso de Estados Unidos le puso la lupa a las denuncias sobre presuntos casos de violación de Derechos Humanos por el gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Para analizar la situación, se realizó este lunes una audiencia convocada por la Cámara de Representantes, en la que se analizó el estado de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa en mazo pasado y que ha sido prorrogada en varias oportunidades por solicitud del mandatario de ese país centroamericano.
La solicitud fue elevada tras un pico de violencia que provocó 87 homicidios en 72 horas y que llevó al gobierno de Bukele a pedir esta medida extraordinaria, que se ha ampliado en cinco oportunidades por el legislativo de mayoría oficialista.
Según algunas organizaciones, durante los casi seis meses de régimen excepcional, 52.000 salvadoreños han sido detenidos, la mayoría sin una investigación previa, y 76 personas han muerto mientras estaban en prisión o bajo custodia de agentes del Estado.
Noah Bullock, miembro de la organización no gubernamental Cristosal, quien hizo la denuncia, fue una de las personas que participó en la audiencia del Congreso de EE. UU.
La reunión congresional fue citada por los representantes James McGovern, demócrata de Massachusetts, y Christopher Smith, republicano de Nueva Jersey, copresidentes de la comisión Lantos.
En la audiencia participó la subsecretaria de Estado asistente para el Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, quien explicó que la administración Biden ha hecho uso de herramientas como la llamada Ley Magnitsky para imponer sanciones a funcionarios de Bukele señalados de negociar con las padillas MS13 y Barrio 18 y la llamada Lista Engel, que nombra a actores antidemocráticos y corruptos en Centroamérica y en la cual aparecen varios allegados del mandatario salvadoreño.
En representación del gobierno del presidente Joe Biden también asistió el subsecretario asistente para Derechos Humanos, Scott Busby, quien junto con la subsecretaria de Estado coincidió en señalar que compartían la preocupación de la comisión por los abusos atribuidos la administración de Bukele durante el régimen de excepción.
Por su parte, la representante para América Latina de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk Broner, señaló que esa oenegé tiene documentados 120 casos de personas que fueron sacadas de sus casas o arrestadas en las calles sin que las autoridades les mostraran una orden de arresto.
“En raras ocasiones los detenidos fueron informados de las razones por las que los arrestaban y, en muchos casos, los agentes se rehusaron a proveer información de los detenidos a las familias de estos”, señaló.
Bukele dice que El Salvador rompió “el círculo vicioso” que propicia las pandillas
Entre tanto, el presidente de El Salvador aseguró recientemente que con su “guerra” contra las pandillas rompió el círculo vicioso que esas bandas tenían para subsistir, aunque reconoció que persisten las causas que generan ese flagelo.
“El círculo vicioso de las pandillas lo hemos roto, pero las razones que generaron ese círculo vicioso persisten, y son esas (causas) las que vamos a cambiar”, afirmó.
Bukele lamentó que el problema de las pandillas no se “atacó” en los años noventa cuando no había ni 3.000 pandilleros, con lo cual, según él, se habría evitado que niños y jóvenes cayeran en esas bandas y “se convirtieran en los monstruos que se convirtieron después”.
El mandatario declaró en marzo pasado una guerra contra las maras o pandillas, que hasta el martes acumulaban 52.115 detenidos.
Tras comentar que fue detenido el pandillero que hirió con un machete a una persona, sostuvo que “no lo podemos tratar como persona buena, lo tenemos que tratar como el monstruo que es”.
Advirtió que en ese caso la detención no significa que “no entendamos que él se convirtió en ese monstruo porque lo abandonó el gobierno, el Estado y lo abandonó la familia en los (años) noventa cuando aún no era monstruo (...)”.
Defendió el estado de excepción prorrogado hasta este mes de septiembre, tras señalar que permitió la disminución drástica de homicidios y extorsiones.
Con el régimen de excepción los presos acusados de pertenecer a pandillas han pasado de 16.000 a 68.115. El total de pandilleros entre presos y libres oficialmente se estima en 76.000 miembros, según las cifras oficiales.
*Con información de AFP.