El estado de Alabama es acusado de reducir la influencia de electores negros que tienden a votar a los demócratas. El caso genera enorme atención, pues la Corte, de mayoría conservadora, podría aprovecharlo para recortar el alcance de la ley de derechos civiles de 1965, misma que evitó que estados entonces segregacionistas privaran a los afroamericanos del derecho a votar.

“La ley de derechos electorales (Voting Rights Act) es uno de los grandes avances de nuestra democracia (...) y busca asegurar que los afroamericanos tengan los mismos derechos políticos que los blancos”, recordó la jueza progresista Elena Kagan, lamentando que dicha ley ya fuera debilitada en dos ocasiones por el órgano supremo pertinente a la situación que aqueja por lo visto a quienes han demostrado su inconformidad.

La Corte revisa un mapa rediseñado durante 2021 por los legisladores republicanos de Alabama, con el fin de atribuir los escaños de la Cámara de Representantes. De acuerdo con esta nueva distribución, los votantes negros, que representan el 27 % de la población, son mayoría en uno solo de los siete distritos y están dispersos en los otros seis.

Además, para agregar a la situación en Alabama, como en muchos estados del sur, los afroamericanos votan mayoritariamente por los demócratas, mientras aquellos que son blancos tienen una marcada preferencia por los republicanos, así que en ese orden de ideas el nuevo mapa electoral en cuestión es sospechado de favorecer al partido Republicano.

En ese sentido, para dejar el mapa sin efecto, ciudadanos y asociaciones presentaron una demanda acusando a los legisladores de violar el famoso Voting Rights Act que en concordancia prohíbe diluir el voto de dicha comunidad que representa un número significativo.

Cabe resaltar que a inicio de este año un tribunal de primera instancia les dio la razón y ordenó una nueva distribución, pero las autoridades republicanas en consecuencia respondieron llevando el caso a la Corte Suprema; por ello, en febrero cinco de los nueve magistrados habilitados para el caso, finalmente, autorizaron mantener la distribución electoral de 2021, permitiendo su validez para las elecciones de medio término de noviembre, y así mismo aplazando la revisión de fondo del expediente.

La Corte, por su parte, deliberó el martes durante un par de horas en una sesión abierta al público respecto al tema, donde, como era de esperarse, el abogado del estado de Alabama argumentó bajo derecho que la Constitución de Estados Unidos prohíbe en su totalidad el uso de la etnicidad para determinar regiones electorales, mientras que el juez conservador Samuel Alito pareció apoyar la idea al remarcar la importancia de contar con “mapas neutrales desde el punto de vista racial”.

Para el momento, la juez de etnia afroamericana Ketanji Brown Jackson rebatió esa lectura y sostuvo firmemente que el principio de igualdad entre todos los habitantes estadounidenses “no es un concepto ajeno a la raza” y acto seguido se adoptó tras la emancipación de los esclavos “para garantizar que las personas víctimas de discriminación en el pasado (...) fueran tratadas como iguales”, dejando en claro su postura al respecto.

El caso es el primero de varios en la agenda que tiene actualmente la Corte Suprema para examinar a finales de octubre junto con los programas de admisión a las instituciones de educación superior que favorecen la diversidad étnica y que son considerados discriminatorios por los republicanos, así que la Corte Suprema debe zanjar sus decisiones antes del 30 de junio para dar respuestas claras y contundentes.

*Con información de la AFP.