Estados Unidos cambiará el nombre de nueve bases militares que honran a personalidades consideradas racistas por su apoyo a la esclavitud, antes del primero de enero de 2024, informó el jueves el secretario de Defensa, Lloyd Austin.

Las protestas contra el racismo y los abusos policiales desencadenadas por el asesinato de George Floyd en 2020 reavivaron los llamados a cambiar el nombre de las bases, y el Congreso ordenó que se hiciera a pesar de la oposición del entonces presidente Donald Trump.

Los nombres de estas instalaciones “deben inspirar a todos aquellos que las llaman hogar, reflejar completamente la historia y los valores de Estados Unidos y conmemorar lo mejor de la república que todos hemos jurado proteger”, escribió Austin en un memorando sobre esta decisión.

El presupuesto de defensa de 2021 incluía crear una comisión para planificar la eliminación de “nombres, símbolos, exhibiciones, monumentos o parafernalia” vinculados a los Estados Confederados en todos aquellos lugares que sean propiedad del Departamento de Defensa, y dio de plazo tres años al secretario para concretarlo.

“Me comprometo a aplicar todas las recomendaciones de la comisión lo antes posible”, dijo Austin en el memorando, y agregó que se hará una vez que expire en diciembre el período de espera de 90 días y se habrá terminado “a más tardar el primero de enero de 2024″.

Se sustituirán por nombres nuevos “que están arraigados en las comunidades locales y que honran a los héroes estadounidenses cuyo valor, coraje y patriotismo ejemplifican lo mejor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, escribió.

Trump se opuso a los planes de cambiar estos nombres y tuiteó en 2020 que su administración “ni siquiera considerará” cambiar los nombres de las bases, que “se han convertido en parte de una gran herencia estadounidense y una historia de triunfo, victoria y libertad”.

Vetó el proyecto de ley de defensa, pero el Congreso invalidó la decisión de Trump, que en 2020 perdió las elecciones presidenciales frente a Joe Biden.

Todas las bases que cambian de nombre se encuentran en estados del sur que se separaron de Estados Unidos y formaron la Confederación, que perdió la guerra civil de 1861-1865.

Incluyen Fort Benning en Georgia, sede de la Escuela de Infantería, y Fort Bragg en Carolina del Norte, sede del Comando de Fuerzas Especiales y de la histórica 82 División Aerotransportada.

Fort Benning actualmente lleva el nombre del general de brigada Henry Benning, un secesionista que abogó por la “superioridad” de la raza blanca.

La comisión recomendó que se llame Fort Moore en honor al teniente general estadounidense Hal Moore, quien dirigió las tropas estadounidenses durante la primera gran batalla contra las tropas de Vietnam del Norte, y su esposa Julia.

Y aconsejó que Fort Bragg, llamado así por el mayor general Braxton Bragg, quien fue relevado del mando por inepto, se convierta en Fort Liberty.

Racismo, inmigración y derechos electorales, los temas que la Corte Suprema de EE. UU. revisará tras revertir derecho al aborto

Tras haber anulado la sentencia que permitía el acceso al aborto en Estados Unidos, la muy conservadora Corte Suprema inicia este lunes un nuevo período de sesiones que podría terminar con otras fuertes decisiones, en especial en cuanto a los derechos de los afroestadounidenses y de las parejas homosexuales.

Discriminación, derechos electorales, inmigración. Son varios los casos explosivos en la agenda de la alta jurisdicción estadounidense que tiene, por primera vez en su historia, una mujer negra entre sus magistrados.

La llegada de Ketanji Brown Jackson, nominada por el presidente demócrata Joe Biden, no modifica el equilibrio en el seno del templo del derecho de Estados Unidos, que conserva una sólida mayoría de seis jueces conservadores en un total de nueve, tres de ellos nominados por el expresidente republicano Donald Trump.

Entre 2021 y 2022, “la corte se apoyó en este bloque conservador para volver sobre jurisprudencias establecidas desde hace tiempo” y “parece estar dispuesta a continuar (...) sin restricciones”, según David Cole, director jurídico de la influyente organización de defensa de los derechos cívicos Aclu.

En junio, la Corte Suprema revocó la sentencia que desde hace cerca de 50 años garantizaba el derecho al aborto en Estados Unidos, expandió el derecho al porte de armas, reforzó el lugar de la religión en la esfera pública y limitó los poderes de la agencia a cargo de la protección medioambiental.

Sus decisiones han sumido a la izquierda en la confusión y regocijado a los conservadores, que denunciaban desde hace años un “activismo judicial” de la Corte, convertida en el árbitro de grandes debates sociales. Ilya Shapiro, experto del conservador centro de pensamiento Manhattan Institute, estima que la Corte está proceso de corregir “los excesos” de los años 70.

Para Shapiro, el fallo que en 1978 definió el marco legal para los programas de discriminación positiva en la admisión a universidades es el próximo en la mira. El 31 de octubre la alta corte dedicará una audiencia a los mecanismos de selección de la prestigiosa Universidad de Harvard y de la Universidad pública de Carolina del Norte.

Estos establecimientos, como muchos otros, tienen en cuenta criterios de raza para asegurar la diversidad de los estudiantes y corregir la menor presencia de jóvenes negros o hispanos a causa del pasado segregacionista de Estados Unidos.

Esas políticas, consideradas por algunos como “racismo a la inversa”, han sido siempre objeto de oposiciones legales, pero hasta ahora esas iniciativas han fracasado. La misma Corte Suprema consideró en dos ocasiones que las universidades podían tomar en cuenta ciertos criterios raciales con la condición de que estos se utilicen solo para asegurar la diversidad de la población estudiantil, pero ahora parece lista a dar marcha atrás.

*Con información de la AFP.