El comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga los incidentes del 6 de enero de 2021 en Washington, llamó a declarar este jueves a Ginni Thomas, esposa del juez conservador de la Corte Suprema, Clarence Thomas, por su supuesta participación en los intentos del expresidente Donald Trump por revertir los resultados de las elecciones que le sacaron de la Casa Blanca.
De acuerdo con la investigación de la comisión parlamentaria, Thomas habría estado envuelta en algunas de las maniobras que pretendían demostrar la presencia de “electores falsos” en favor de los demócratas durante las elecciones.
A su vez, la comisión cuenta con registros de las llamadas que sostuvo con el abogado de Trump, John Eastman, para saber cómo trazar la estrategia de anular los resultados de las elecciones de 2020.
El jurista escribió varios informes sobre supuestos fraudes en un intento por presionar al entonces vicepresidente, Mike Pence, para no reconocer la victoria de Joe Biden.
Thomas está en el punto de mira de la comisión desde que se desveló una serie de mensajes al entonces jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, para que animara a Trump a no reconocer los resultados.
La defensa de Thomas sostuvo que ella “nunca afirmó tener conocimiento de primera mano sobre fraude electoral”, que “simplemente estaba pasando información que había escuchado de otros” y que expresar “preocupación” por el futuro del país bajo el mandato de Biden “no es poco ético, ni mucho menos ilegal”.
“Nada de eso sugiere que la señora Thomas tuvo el más mínimo papel en el ataque del 6 de enero contra el Capitolio, o de que, incluso, tenga alguna información sobre el ataque”, señaló su abogado, Mark R. Paoletta, según informó la cadena NBC.
Partidarios ultraderechistas de Trump, a juicio por “sedición” en asalto de Capitolio
Más de 20 meses después del asalto al Capitolio de Estados Unidos, comenzó el esperado juicio en Washington en el que miembros del grupo de extrema derecha Oath Keepers, entre ellos su fundador, Stewart Rhodes, tendrán que responder por “sedición”.
Conocido por su parche ocular y sus discursos incendiarios, este exmilitar comparecerá junto a otros cuatro acusados durante un juicio de cinco semanas en un tribunal federal a pocos kilómetros de la sede del Congreso.
Sus abogados intentaron presentar los últimos recursos procesales, incluido el de trasladar el juicio a otro lugar. Fueron rechazados y la selección del jurado, que se espera que dure al menos dos días, ha comenzado en un tribunal federal, situado a poca distancia de la sede del Congreso.
El 6 de enero de 2021, los cinco asaltaron el templo de la democracia estadounidense junto a otros mil partidarios de Donald Trump, en momentos en que los congresistas certificaban la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales.
Desde esta asonada, más de 870 personas fueron arrestadas y un centenar ya recibieron penas de prisión, en especial, los que atacaron de forma violenta a policías, pero hasta ahora nadie había tenido que enfrentar el cargo de “sedición”.
Esta acusación, que emana de una ley adoptada después de la guerra civil estadounidense para reprimir a los últimos rebeldes del sur, “puede ser difícil de probar”, explicó Barbara McQuade, una exfiscal federal y actual profesora de derecho de la Universidad de Michigan.
Castigado con 20 años de prisión, este cargo implica haber planificado el uso de la fuerza para derrocar al gobierno o para oponerse a alguna de sus leyes. Se diferencia de la insurrección, que tiene un carácter más espontáneo.
“También hay una connotación de deslealtad hacia el país, no solamente contra ciertos actores gubernamentales”, destacó McQuade. Para ella, sin embargo, “el móvil es claro en este caso, en el que el ataque se dirigía claramente contra los legisladores del Congreso”.
Depósito de armas
El cargo de sedición ha sido muy poco utilizado: la última condena se emitió en 1998 contra militantes islamistas responsables del atentado con bomba contra el World Trade Center en Nueva York cinco años antes.
En el caso del asalto al Capitolio, los fiscales reservaron esta acusación a solo una quincena de personas, todos miembros de dos grupos paramilitares de extrema derecha, los Oath Keepers y los Proud Boys.
Stewart Rhodes y cuatro líderes regionales de su milicia -Kelly Meggs, Thomas Caldwell, Jessica Watkins y Kenneth Harrelson- son los primeros en ser juzgados bajo este cargo.
Según el acta de acusación, “conspiraron para oponerse por la fuerza a la transferencia legal del poder presidencial”.
En concreto, Rhodes es acusado de haber comenzado a reunir a sus tropas en noviembre de 2020. “No vamos a salir de esto sin una guerra civil”, les escribió dos días después de las elecciones presidenciales en un mensaje encriptado.
En las semanas siguientes, según los fiscales, gastó miles de dólares en la compra de dispositivos de visión nocturna, armas y municiones, mientras sus cómplices organizaban entrenamientos en “combate no convencional” y transportes hasta Washington.
Dado que el porte de armas está estrictamente regulado en la capital estadounidense, se les acusa de almacenar una parte de su arsenal en las afueras de la ciudad con la idea de utilizarlo más adelante.
Con información de Europa Press y AFP