El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en el radar de medios internacionales y de la esfera política después de que se confirmara que algunos documentos clasificados fueron encontrados en una oficina que ocupó cuando era vicepresidente. Los mismos pertenecen a la era Obama-Biden y chocan con una investigación vigente sobre el exmandatario, Donald Trump.
El hallazgo se hizo mientras se hacía limpieza en un centro de investigación que el ahora jefe de Estado utilizaba esporádicamente, informó la Casa Blanca en la jornada anterior. Su consejero especial, Richar Sauber, dijo que ese material se había entregado (tras su aparición en noviembre de 2022) al Archivo Nacional, dependencia que administra ese tipo de textos.
Los mismos fueron encontrados en un “armario cerrado (...). La Casa Blanca está cooperando con el Archivo Nacional y el Departamento de Justicia”, dijo el funcionario en un comunicado, y calificó el hallazgo como “un pequeño número de documentos con marcas de clasificado”. Por el momento, se desconoce con precisión cuál es su contenido.
¿Qué se sabe de los registros?
“Los documentos no fueron objeto de ninguna solicitud o requerimiento previo” y desde que los encontraron, los abogados del actual presidente han cooperado para “asegurarse de que los registros de la administración Obama-Biden estén en posesión del Archivo”, añadió el consejero especial sobre la información que se dispone en esa materia.
En cuanto a la cantidad, se estima que, por lo menos, había una decena de documentos con contenido ‘especial’ que permanecían albergados en una oficina adscrita a la Universidad de Pensilvania, zona donde Joe Biden fue profesor honorario entre 2017 y 2019, destacó CBS News. La interrogante gira en torno a por qué no se llevaron en su momento al lugar donde pertenecen.
“El presidente utilizó periódicamente este espacio desde mediados de 2017 hasta el inicio de la campaña de 2020. El día de este descubrimiento, el 2 de noviembre de 2022, la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca lo notificó a los Archivos Nacionales. Los Archivos tomaron posesión de los materiales a la mañana siguiente”, precisó Sauber en un apartado recogido por la cadena estadounidense CNN.
Ola de reacciones tras hallazgo
Los titulares de cargos federales en el país norteamericano tienen la responsabilidad, según dictamina la ley, de renunciar a papeles oficiales y registros secretos, una vez culminen sus funciones. Sin embargo, un permiso especial puede dar lugar a revisarlos sin ser este el caso.
De acuerdo con CBS News, ahora el fiscal general, Merrick Garland, fue asignado para revisar los documentos, y el FBI también estaría adelantando una investigación. Uno de los que reaccionó al respecto fue el expresidente Donald Trump, en su red social Truth Social: ”¿Cuándo va a allanar el FBI las muchas casas de Joe Biden, tal vez incluso la Casa Blanca? Estos documentos definitivamente no han sido desclasificados”, recogió The Hill.
Por su parte; el republicano, James Comer, tildó de irónico que Joe Biden cuestione los documentos encontrados en la casa de su predecesor hace algunos meses. “El presidente Biden ha sido muy crítico con el hecho de que el presidente Trump llevara por error documentos clasificados a la residencia o a cualquier lugar y ahora parece que él pudo haber hecho lo mismo”, dijo según recopiló CNN.
El material hallado hace dos meses, durante una labor de limpieza, vuelve a hacer eco sobre el allanamiento a la residencia del exmandatario en Mar-a-Lago, Florida, donde se encontraron textos secretos que estaban en su propiedad sin previa autorización de las autoridades.
La inspección en la casa del republicano se efectuó en agosto cuando los agentes federales encontraron textos confidenciales. Según medios internacionales, algunos de estos se referían a Irán, China y secretos de capacidades nucleares.
Nueva derrota republicana: Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el intento de mantener la ley migratoria de Trump
Fiscales de estados conservadores y que son gobernados por republicanos en Estados Unidos, intentaron defender de carga pública, la cual en el gobierno de Joe Biden ha tenido cambios que han llevado a que convierta más laxa.
Esta ley de carga pública instalada en el gobierno de Donald Trump le negaba la residencia permanente a aquellos ciudadanos que podrían llegar a recibir ayuda del gobierno durante su estadía en el país. Sin embargo, la Corte Suprema estudió la demanda de los republicanos para que esta se mantuviera tal como estaba antes de que Biden la actualizara.
Sin embargo, el ente máximo de la justicia en Estados Unidos rechazó los argumentos de los fiscales por lo que seguirá vigente con los cambios que el actual mandatario ha realizado durante su gobierno.
Aunque esta arista de la ley migratoria que implantó Donald Trump no seguirá como lo planeaban, hay otras que sí, como el Título 42.
Precisamente, la misma Corte Suprema anunció hace unos días que el gobierno de Joe Biden no podrá detener la expulsión de inmigrantes por razones de salud pública, y que el gobierno deberá continuar aplicando la controvertida medida instaurada en el gobierno Trump.
De acuerdo con el Tribunal Supremo, este programa, que cientos de migrantes esperaban que se levantara a final de este año, debe continuar.
Los jueces aprobaron con cinco votos a favor y cuatro en contra mantener la medida, la cual entró en vigor nuevamente el pasado 21 de diciembre.
En la decisión, el tribunal estadounidense también acordó escuchar los argumentos orales de distintos estados a partir del próximo mes de febrero en una disputa legal que se ha prolongado durante meses, según informó la cadena CNN.
La decisión se da luego de que la Casa Blanca acusara al gobernador de Texas, Greg Abbott, de poner en peligro las vidas de los migrantes, después de que llegaran varios buses fletados a la puerta de la residencia oficial de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, y que habrían sido enviados supuestamente por Abbot.
Por su parte, el Gobierno de Texas reforzó la seguridad de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso para evitar la entrada de migrantes en medio de la controversia legal por la política migratoria en Estados Unidos.