Los representantes políticos de cada estado en Estados Unidos están deliberando y opinando sobre la preservación o eliminación del Título 42 cuando termine su vigencia, una normativa de la era del expresidente Donald Trump, que permite a la Administración negar la oportunidad de solicitar asilo a los migrantes por cuestiones sanitarias.

Pues bien, al menos quince estados de mayoría republicana han pedido a la Justicia estadounidense que mantenga el Título 42, argumentando que un aumento de la migración hacia la frontera “impondrá cargas financieras a los estados que los acogen involuntariamente”, buscando así retrasar una orden judicial emitida la semana pasada que levantaría la medida de Trump.

“Los estados tienen intereses soberanos y cuasi soberanos en el control de sus fronteras, limitando las personas presentes dentro de ellas, excluyendo a las personas portadoras de enfermedades transmisibles y la aplicación de la ley de migración”, reza el texto, recogido por la cadena NBC.

Es de recordar que, el Título 42 es una disposición de salud pública que autoriza la expulsión colectiva de cualquier migrante y solicitante de asilo que intente cruzar las fronteras terrestres de Estados Unidos, sin una evaluación individual de sus circunstancias y necesidades de protección.

Sin embargo, este martes 22 de noviembre, un funcionario de la Casa Blanca afirmó que se prevé aplicar la ley migratoria que permite solicitar asilo, pero también “la deportación acelerada” y repatriación de los migrantes “que cruzan ilegalmente la frontera” cuando se levante la norma sanitaria que bloquea su entrada, dando otra alternativa a los políticos estatales.

Aunque la disputa ya venía desde hace algún tiempo, fue un juez el que prohibió el Título 42 y dio de plazo al gobierno hasta el 21 de diciembre para prepararse para su suspensión en las últimas semanas, por lo que el gobierno estadounidense tuvo que tomar alternativas a su actual política.

“Nosotros estamos activando nuestros planes para la conclusión del Título 42″, afirmó en rueda de prensa telefónica Blas Nuñez-Neto, subsecretario interino de política fronteriza e inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Una vez que se levante se aplicarán las reglas del Título 8, como se viene haciendo desde hace décadas, “que tienen consecuencias importantes para la gente que cruza ilegalmente la frontera”, como “la repatriación”, que “pierdan la posibilidad de venir a Estados Unidos por hasta diez años” y procesamientos legales “por el crimen de cruzar la frontera”, afirmó, sobre las consecuencias que se vendrían a presentar desde diciembre para los migrantes.

“Las personas que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos bajo nuestras leyes de inmigración serán deportadas”, dijo, y agregó: “es un cambio que va a ser significativo, pero quiero reiterar que tenemos mucha experiencia aplicando la ley y un plan muy robusto para implementarlo rápidamente cuando termine el Título 42″.

El funcionario aseguró que se preparan desde febrero para aplicar medidas migratorias, entre las que se “va a incluir el uso” de “la deportación acelerada”, que consiste en devolver a sus países rápidamente “a los que no establecen derechos para quedarse en los Estados Unidos”.

En febrero se estableció un centro de coordinación para la frontera suroeste y en abril se publicó un plan de seguridad para enviar recursos, mejorar la eficacia y cooperar con otros países en la lucha contra los carteles, los coyotes y el crimen organizado, detalló.

“Ya tenemos muchos recursos en la frontera. Hay más de 23.000 agentes y oficiales de seguridad (...) y hemos incrementado significativamente nuestra capacidad de detención y para poder transportar a migrantes y deportarlos”, afirmó. Según él, esto ha permitido detener a más de 5.000 coyotes y contrabandistas y frustrar más de 5.500 operaciones en los últimos meses.

*Con información de AFP y Europa Press.