El Gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra altos funcionarios de Irán, incluido el fiscal general iraní, Mohamad Yafar Montazeri, por la represión de las protestas que estallaron en septiembre a causa de la muerte de Mahsa Amini, la joven kurda detenida en Teherán por supuestamente llevar mal puesto el velo.
Así lo anunció el Departamento del Tesoro en un comunicado en el que señaló que entre los sancionados figuran también el jefe de la Oficina para Ciberespacio de la fuerza Basij, Moslem Moein, y el comandante de la Guardia Revolucionaria en Irán, Hasán Hasanzadé.
Así mismo, la decisión cobija al comandante del Cuerpo Bait al Moqadas de la Guardia Revolucionaria en la provincia de Kurdistán, Sadeq Hoseini; y el ‘número dos’ para coordinación de la fuerza Basij, Hosein Marufi.
De acuerdo con el Gobierno estadounidense, “el régimen iraní ha respondido con una implacable represión las manifestaciones pacíficas para suprimir la voz del pueblo iraní”.
Aseguró que “las autoridades iraníes han matado a cientos de manifestantes pacíficos, incluidas decenas de niños, y han detenido de forma arbitraria a miles de personas, además de usar violencia sexual contra manifestantes, según informes extensos y creíbles”.
“Los tribunales iraníes han emitido duras penas contra manifestantes, incluida la pena de muerte, tras juicios falsos que carecen de las garantías de justicia”, enfatizó.
El Departamento del Tesoro añadió que entre los sancionados figura también Imen Sanat Zaman Fara Company, un fabricante de vehículos blindados, ropa táctica y materiales que están siendo usados por las fuerzas de seguridad a la hora de reprimir las manifestaciones.
Ejecución de manifestantes
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, señaló en un comunicado que “mientras las protestas continúan en Irán, la respuesta de las fuerzas de seguridad ha seguido recrudeciéndose”.
“Durante las últimas dos semanas, dos manifestantes han sido ejecutados, uno de ellos en público, y muchos otros han sido condenados a muerte”, indicó.
Explicó que “la acción de hoy va contra el funcionario responsable de los juicios contra manifestantes, así como contra líderes de organizaciones militares y paramilitares que reprimen y detienen a manifestantes, así como una compañía que fabrica y da a las fuerzas de seguridad herramienta de represión”.
La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó recientemente que más de 300 personas han muerto desde el inicio de las protestas, en el que supuso el primer balance oficial desde el inicio de las movilizaciones por la muerte de Amini, miembro de la minoría kurda iraní.
La cifra es inferior a la facilitada por la ONG Iran Human Rights que apunta a más de 400 muertos a causa de la represión de las fuerzas de seguridad.
Irán anunció 11 condenas de muerte por implicación en las marchas, que denomina “disturbios” y que achaca a la acción de “enemigos extranjeros”, como Israel y Estados Unidos.
Hasta ahora, se han llevado a cabo dos ejecuciones en relación con las manifestaciones: la de Mohsen Shekari, el 8 de diciembre, y la de Majidreza Rahnavard, el 12; ambos tenían 23 años. Este último fue ahorcado en público.
Cerca de 14.000 personas han sido detenidas desde mediados de septiembre, según la ONU, y 469 manifestantes han muerto, indicó la organización Iran Human Rights (IHR), radicada en Oslo.
ONU nombra a tres expertas para investigar represión de protestas en Irán
Tres mujeres, una activista por los derechos humanos argentina, una abogada de Bangladés y una profesora de Derecho de Pakistán, fueron nombradas por la ONU para investigar la represión de las manifestaciones en Irán.
El presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH), Federico Villegas, anunció que de este grupo hacen parte, la argentina Viviana Krsticevic, directora del Center for Justice and International Law (CEJIL), activo en la defensa de los derechos humanos en América, así como Shaheen Sardar Ali, una profesora de Derecho pakistaní en la Universidad de Warwick, en el Reino Unido.
Igualmente, señaló que estará Sara Hossain, abogada ante el Tribunal Supremo de Bangladés y veterana activista por los derechos humanos y quien será la encargada de presidir el grupo.
Las investigadoras no tienen prácticamente ninguna esperanza de poder visitar Irán para llevar a cabo su misión, pues las autoridades iraníes se opusieron firmemente a la puesta en marcha de esa investigación internacional, votada el padado 24 de noviembre por los 47 miembros del CDH.
Un total de 25 países votaron sí, y seis votaron no (Armenia, China, Cuba, Eritrea, Pakistán y Venezuela), en tanto 16 se abstuvieron.
Las tres mujeres deberán documentar la represión orquestada por las autoridades iraníes y las posibles violaciones de los derechos humanos, de cara a una eventual proceso judicial, en Irán o en el extranjero.
*Con información de Europa Press y AFP.