En agosto de este año, el gobernador de Arizona, Doug Ducey, emitió una orden ejecutiva para utilizar contenedores de mercancía en la frontera con México para retener el flujo de migrantes en la zona.

La decisión la tomó como un acto de protección fronteriza, a pesar de que le queda poco tiempo en el cargo, sin contar con la autorización oficial del Gobierno ni los permisos pertinentes, según documentos adquiridos por CNN.

Incluso, la gobernadora electa, Katie Hobbs, aseguró que estaba mirando todas las opciones y que aún no había decidido qué hacer con los contenedores después de su toma de posesión el próximo 5 de enero.

De esta manera, el Gobierno federal de Estados Unidos ha presentado una demanda en contra del estado de Arizona por la distribución de estos contenedores en la frontera como “muro temporal”.

“Con la Misión de Barrera Fronteriza y la Fuerza de Ataque Fronterizo de los gobernadores estadounidenses, estamos ayudando a las fuerzas del orden público a detener a los cárteles en seco”, dijo el gobernador en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

La acción se enmarca en una batalla judicial entre el Gobierno federal y el estado, al que ha pedido durante los últimos cuatro meses que retire los contenedores de mercancía y proceda a “compensar a Estados Unidos por cualquier acción necesaria para revertir las acciones del gobernador de Arizona”.

La demanda, que va dirigida al gobernador Ducey y dos altos cargos del Departamento de Emergencias y Asuntos Militares, ha sido presentada por el Departamento de Justicia ante el tribunal de distrito de Arizona.

“No solo es que Arizona se haya negado a detener esto y retirar los contenedores de suelo federal, es que ha insistido en seguir traspasando estos territorios para instalar contenedores de mercancía adicionales”, recoge la demanda.

En su momento, las agencias federales le comunicaron a Arizona que la construcción sin permiso en territorio estadounidense es ilegal. El mismo gobernador respondió entonces el 21 de octubre, demandando a los funcionarios federales por sus objeciones y enviando el caso a los tribunales.

La oficina de Ducey, por su parte, ha indicado que las acusaciones del Gobierno “carecen de motivos y son poco precisas” y ha hecho hincapié en que “el peligro para la seguridad y el medio ambiente en la zona lo provoca la falta de acción del Gobierno”.

En este sentido, ha asegurado que las autoridades locales llevan casi un año tratando de trabajar con las autoridades federales para solventar el problema. “Arizona está dispuesta a cooperar con el Gobierno central en la construcción de un muro fronterizo, y siempre lo ha estado”, ha afirmado.

Desde 1994 Estados Unidos empezó a erigir barreras en un intento por frenar la migración indocumentada a través de los casi 3.200 km de frontera con México. En su presidencia (2016-2022), el republicano Donald Trump prometió erigir un muro impenetrable

Aunque solo se construyó la mitad de lo planeado y el demócrata Joe Biden frenó el proyecto, el hecho es que existe algún tipo de división a lo largo de casi 1.200 Km, que va desde una simple reja hasta paredes que superan los 9 metros.

Incluso el muro entre México y Estados Unidos también trastorna la vida silvestre: ambientalistas de ambos países se empeñan en rescatar el hábitat natural de distintas especies, como felinos, osos o ciervos, cuyos territorios son quebrantados por la polémica estructura.

*Con información de Europa Press y AFP.