Muchas personas buscan llegar a Estados Unidos debido a las condiciones internas en sus países, por las condiciones políticas, sociales y económicas.
En muchos casos, lo hacen de manera ilegal bajo difíciles condiciones, como el que han tenido que vivir ciudadanos de Sur y Centroamérica, así como de las islas caribeñas que, en algunas ocasiones, han utilizado a Colombia como país de paso hacia territorio norteamericano.
Y aunque ha habido una reducción del flujo migratorio desde Centroamérica debido a que el Gobierno del presidente Joe Biden fortaleció las normas en esta materia, muchas personas siguen llegando irregularmente a ese país.
Quienes lo logran se enfrentan a varias incertidumbres, entre ellas, legalizar su situación, encontrar un trabajo o acceder a cupos tanto en los colegios como en las universidades.
Aunque los estudiantes que no cuentan con los documentos legales tienen el derecho de integrarse al sistema de escuelas públicas en Estados Unidos, la dificultad se presenta cuando un joven intenta acceder a un cupo en una universidad de ese país.
Para el primer caso, es importante tener en cuenta el tipo de escuela al que decidan aplicar, por lo que la recomendación es preguntar en el departamento de admisiones cuál es la política de la institución con estudiantes indocumentados.
Según las normas internas, “todo niño tiene el derecho constitucional a una educación pública gratuita, sin importar su estatus migratorio o el estatus migratorio de los padres”.
En este caso, “los distritos escolares públicos tienen la obligación de inscribir a los alumnos sin importar su estatus migratorio y sin discriminar por motivos de raza, color u origen nacional”.
Igualmente, a las escuelas se les permite solicitar prueba de residencia en el distrito escolar y la prueba de edad, como lo es un acta de nacimiento. “Un acta de nacimiento extranjera es aceptable”, de acuerdo con lo establecido.
El cuello de botella en materia educativa para los migrantes que no han legalizado su situación en Estados Unidos se encuentra en el acceso a la universidad, no solo por la falta de la documentación legal.
En este caso, no tener los papeles en regla le dificulta a la persona acceder a asistencia financiera estatal e incluso a algún crédito, por lo que, quienes logran un cupo, deben acudir a otros sistemas para cubrir con los costos de sus estudios.
Los estudiantes indocumentados no califican para la ayuda financiera federal, lo que significa que no pueden solicitar préstamos, subvenciones ni becas federales. Tampoco pueden participar en programas de estudio y trabajo financiados por el gobierno federal. La mayoría de los estados también siguen esta norma.
Ante esas dificultades, muchas personas acuden a grupos de defensoría que les ayudarán a conocer las posibilidades de acceder a colegios o universidades en su situación.
Un informe de la Alianza de los Presidentes también determinó que casi medio millón de estudiantes universitarios son indocumentados.
- El 46 % de los estudiantes indocumentados en educación superior se identificaron como hispanos, mientras que 25 % se identificó como asiáticos y 15% como afrodescendientes.
- El 82 % asistió a instituciones públicas, mientras que el 18 % se matriculó en institutos terciarios y universidades privadas.
- Los cinco estados con más estudiantes indocumentados en la educación superior eran California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois.
Migración
El tema de la migración es uno de los de mayor preocupación entre los estadounidenses y el caballo de batalla del Partido Republicano, que acusa a Biden de haber perdido “el control efectivo” en la frontera con México.
La vicepresidenta, Kamala Harris, anunció nuevos compromisos de inversión del sector privado en Centroamérica por valor de 950 millones de dólares, que elevan el total a 4.200 millones desde mayo de 2021, cuando lanzó un plan para que las empresas se impliquen en atajar la migración mediante oportunidades económicas.
“Estas inversiones han creado empleos, han aumentado el acceso al sistema financiero, incluido internet, han permitido que las pequeñas empresas puedan prosperar teniendo acceso a la financiación”, afirmó.
Según la vicepresidenta, “hasta ahora más de un millón de personas ha podido incorporarse a la economía financiera formal, incluidas 65.000 que ahora tienen cuentas bancarias”.
Anunció, asimismo, el lanzamiento de una nueva fase de la asociación público-privada, que bautizó Centroamérica Adelante.
En esta etapa, Washington apoyará inversiones, por ejemplo, identificando proyectos de energías limpias o con asistencia técnica, ayudará a financiar iniciativas y respaldará programas que capaciten a jóvenes.
* Con información de AFP