En medio de la permanente angustia que se vive en varios lugares de Estados Unidos por cuenta de los tiroteos, más aún aquellos que ocurren al interior de las escuelas, y en medio de un interminable debate entre los defensores y detractores de las armas en ese país, Texas puso en marcha una particular medida, que, según medios locales, serviría para el eventual reconocimiento de las víctimas de escenarios tan catastróficos como la matanza de Uvalde.

La medida responde a la distribución de una serie de ‘kits’ de recolección de muestras de ADN al interior de los distritos escolares, estrategia que buscaría que, de forma voluntaria, padres de familia pudieran guardar ciertas muestras de ADN de sus hijos, las cuales serían insumo básico para el reconocimiento de víctimas en casos de tragedias como la ya atravesada algunos meses atrás por la comunidad escolar de la primaria de Uvalde.

El ‘kit’ de ADN, también busca la recolección de muestras dactilares de los niños, y si bien no expresa literalmente que será insumo en caso de ‘tiroteos’, sí responde a una Ley que establece la entrega voluntaria de dichas muestras con el objetivo de “identificar infantes en caso de que sean víctimas de emergencias”, lo que, en el marco de lo sucedido en Uvalde, inmediatamente remite a padres de familia a escenarios como ese.

Según precisaron medios locales, dichos kits de muestras de ADN y dactiloscópicas, tiene como objetivo, y estarán disponibles para los menores ubicados en clases desde jardín hasta octavo grado, y según las autoridades, da la posibilidad a los padres de que estas sean almacenadas, según su parecer, en casa, colegio, o en bodegas especiales de los mismos cuerpos policiales.

De acuerdo con medios locales, esta ley había sido aprobada incluso antes de que ocurriera la tragedia en la primaria de Uvalde a comienzos del año 2022, más precisamente en un proyecto presentado en el referido estado en 2021.

En dicho texto de la Ley, se aclara que dicha toma de muestras, así como el suministro de sus datos, es de carácter ‘voluntario’, y quedará a potestad de los padres o tutores responder o no al llamado de conformación de esa base de datos.

Si bien para algunos padres puede resultar inoficioso el suministrar esos datos para la identificación de sus propios hijos, las autoridades han aclarado que sí sería un gran insumo en los casos en los que los padres o familiares no pueden realizar las diligencias de reconocimiento de víctimas.

Frente a la medida, hay reacciones enfrentadas, pues si bien algunas personas han notado la pertinencia de la medida, otras han emprendido con ataques contra las autoridades, afirmando que si bien es una medida para la identificación de víctimas en casos de emergencia, los esfuerzos de las autoridades se deben centrar es en las labores preventivas ante dichas emergencias, advirtiendo que, más allá de la posibilidad de identificar a los niños víctimas, se necesita que los niños ‘no sean víctimas’.

Medios locales han referido que esta clase de medidas hubiesen sido realmente oportunas en casos como el de Uvalde, no en términos preventivos, sino en función de lo que vino para responder a la tragedia, recordando que ante esta, algunos cuerpos de los menores y profesores que resultaron atacados, resultaron tan destruidos, que ello dificultó las labores de identificación, aún más teniendo en cuenta que también resultó muy traumático para los familiares acceder a cuerpos ‘tan destrozados por efecto de las balas’, para definir si las víctimas se trataban o no de sus niños.

Según destacan medios locales, en aquel entonces, algunas de las víctimas tuvieron que ser identificadas incluso a través de pruebas de ADN con sus padres.

En aquella tragedia, fallecieron al menos 19 niños y dos maestros, en caso que aún es investigado por la existencia de presuntas negligencias en el actuar de los policías que atendieron al llamado de las autoridades.

Si bien frente al caso de Uvalde, las autoridades han implementado una serie de medidas para prevenir nuevos escenarios, algunos sectores las consideran aún insuficientes, abogando porque se pueda trabajar en estrategias contundentes, entre ellas, la propuesta de sectores demócratas que abogan porque al menos se aumente la edad mínima con la que se debe contar para acceder a comprar un arma.

En ese sentido, otro de los llamados a reforzar se refiere a los procesos de verificación de antecedentes, para evitar que personas con problemas legales y mentales, puedan acceder a la compra de un elemento tan peligroso como un arma, estableciendo a la vez un control sobre las armas a las que se puede tener acceso.

Frente a estas nuevas medidas referidas a la recolección de ADN, los padres también han señalado que la ley presenta vacíos, en tanto no reglamenta o establece parámetros para la protección de dichos elementos de identificación, advirtiendo que si bien la ley versa sobre el tratamiento de las pruebas dactilares; que no pueden ser usadas en procesos legales en los que se vea inmiscuido el menor, no versa sobre el ADN.

En ese sentido, también refieren la existencia de vacíos en la reglamentación frente a la forma en la que las escuelas deben custodiar la información de identificación, con el objetivo de ‘garantizar la privacidad’, ni la vigencia de dichas muestras o los protocolos para deshacerse de ellas cuando sea necesario.