La nueva medida fue anunciada ayer, y permite además la interceptación de llamadas, restricción en la movilización de personas y la creación de las llamadas 'zonas especiales' en donde haya jurisdicción militar, siempre y cuando se presenten problemas de orden público.El Gobierno anunció que con esta medida se pretende garantizar la seguridad democrática y se podrá utilizar siempre que exista la necesidad de proteger un derecho fundamental en grave o inminente peligro.La Ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, dijo que será una modalidad que cuente con el acompañamiento de la Fiscalía y la Procuraduría, para evitar irregularidades.Cuando una persona sea retenida con orden judicial, deberá ser puesta a disposición de la Fiscalía dentro de las 24 horas siguientes y se le deberá informar a la Procuraduría sobre cada caso.Para los allanamientos, la fuerza pública podrá proceder sin orden judicial cuando se presuma que en el lugar se encuentra una persona sospechosa o armas o bienes ilegales.Las denominadas 'zonas especiales' también contempladas en el decreto, serán delimitadas por el presidente y contarán con el mando de un comandante militar que dirigirá la fuerza pública presente en el lugar.Algunos sectores del país recibieron bien la medida. La Sociedad Colombiana de Agricultores (SAC), señalaron que esta decisión del Gobierno encarna lo que el pueblo colombiano quiere, y que es oportuna porque la situación del país así lo amerita. Las centrales obreras calificaron la medida como un atentado contra las libertades públicas. Por su parte, el senador Rodrigo Rivera, dijo que la fuerza pública no necesitaba de dicha medida. Decreto número 2002 del 2002 Por el cual se adoptan medidas para el control del orden público y se definen las zonas de rehabilitación y consolidación