La situación jurídica del coronel ( r) Alfonso Plazas Vega se complica aún más, según fuentes de la Fiscalía General de la Nación. Además del delito de desaparición por el cual se ordenó la orden de captura ahora también se estudia si es posible sindicarlo del delito de tortura. Por el caso ya hay siete uniformados vinculados y se espera que el ente investigador tome en los próximos días otras decisiones que tocarían a la cúpula militar de aquel año de 1985. Desde hace meses el coronel retirado del Ejército, Alfonso Plazas Vega, temía que su nombre estuviera en los titulares de la prensa nacional. Suponía que cuando ello ocurriera, la noticia no le sería favorable. Efectivamente, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acaba de ordenar su detención y lo acusa del crimen contra los once desaparecidos de la toma del Palacio de Justicia. Plazas Vega, ex director nacional de Estupefacientes del primer gobierno de Álvaro Uribe, en 1985 se desempeñó como comandante de la Escuela de Artillería y coordinó las acciones de 'contratoma' entre el 6 y 7 de noviembre, cuando la guerrilla del M-19 se tomó, a sangre y fuego, el Palacio. En ese momento, el coronel se mostró como un valiente militar que había arriesgado su vida combatiendo contra los 35 guerrilleros que incursionaron violentamente en el principal claustro de la justicia colombiana. El país entero vio por la televisión a un joven uniformado que resumió a su manera la ejecutoria de sus tropas en el Palacio, “Aquí, defendiendo la democracia, maestro”, dijo. Sin embargo, con el paso del tiempo, afloraron serias dudas sobre el proceder de Plazas y otros militares en el operativo. La desaparición de once personas y el maltrato sufrido por otras indicaron que el procedimiento de las Fuerzas Militares no fue tan brillante como se presentó. La tranquilidad de Plazas se empezó a deteriorar desde el pasado 7 de noviembre de 2005, cuando la fiscalía desempolvó el proceso por los desaparecidos del Palacio. La fiscal que asumió el caso decidió recoger múltiples testimonios y elementos probatorios de toda índole, una labor que estuvo en deuda por más de dos décadas. Durante meses desfilaron por el búnker de la Fiscalía magistrados rescatados, militares involucrados en la toma, familiares de los desaparecidos personalidades del gobierno e incluso el propio Belisario Betacur -Presidente de Colombia al momento de la toma- tuvo que rendir su versión ante la Fiscalía. Aduciendo medidas de seguridad, el ex presidente Betancur cumplió su diligencia en un espacio distinto al de la Fiscalía. Sin embargo, en su declaración rendida el 17 de enero de 2006, dijo que él había sido informando por sus generarles de la salida de varios guerrilleros vivos del Palacio, pero que desconocía sus nombres y el número. Esta declaración va en contravía de la versión oficial de las fuerzas militares que ejecutaron la contratoma que sostuvieron desde 1985: que ningún subversivo sobrevivió. Diversos elementos probatorios recogidos por la Fiscalía señalan también que varios de los desaparecidos salieron con vida, fueron dirigidos a la Casa de la Moneda y quedaron bajo custodia del Ejército. Los elementos más reveladores en este sentido son un par de videos en los que se ve claramente que dos de los desaparecidos, el administrador de la cafetería del Palacio, Carlos Rodríguez, y una de sus empleadas, Cristina del Pilar Guarín, salieron caminando por sus propios medios acompañados de militares que los condujeron a la Casa de la Moneda donde se cumplieron los trámites de reseña. Plazas tenía copia de los videos en su casa. En estos hay imágenes de los noticieros de la época. En una escena que grabó un camarógrafo del Noticiero TV Hoy se aprecia con claridad a las dos personas salir de Palacio. La empleada es llevada a hombros por un soldado, mientras que otros dos acompañan al administrador. Todos estos indicios llevaron a la Fiscalía a vincular formalmente a Plazas en la investigación. Desde mediados del año pasado, el coronel retirado venía compareciendo en diversas oportunidades ante el ente investigador para ampliar su declaración sobre lo ocurrido hace 22 años. Y tres de sus subalternos, procesados por el mismo caso, fueron detenidos en guarniciones militares. Aunque la resolución de detener al coronel Plazas fue tomada desde el viernes pasado, 13 de julio, extrañamente apenas hoy se cumple su orden de captura. Jorge Lizarazo, abogado de Plazas, dijo que se enteró de la orden de captura por la prensa ya que ni él ni el acusado han sido notificados formalmente por la Fiscalía. Semana.com se comunicó también con algunos de los familiares de los desaparecidos quienes se mostraron complacidos por la determinación contra Plazas. “Es en parte un buen homenaje a esta lucha de 22 años de quienes hemos persistido en decirle al mundo que el Estado asesinó y desapareció a nuestros seres queridos. Ahora lo que solicitamos al coronel Plazas y a los militares que estuvieron con él en la contra toma del Palacio que nos entregue los cuerpos”, señaló un vocero del grupo.