Anoche, el gobierno decidió extraditar sorpresivamente a los principales jefes desmovilizados de las autodefensas. En total son 14, que se encontraban en distintas cárceles del país como desmovilizados del proceso de Justicia y Paz: Salvatore Mancuso, Francisco Javier Zuluaga alias Gordolindo, Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna, Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40, Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo Giraldo, Eduardo Enrique Vengoechea, Ramiro Vanoy alias Cuco, Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Juan Carlos Sierra Ramírez alias el Tuso, Martín Peñaranda Osorio, Edwin Mauricio Gómez Luna alias El Mello, y Diego Alberto Luis Arroyave. A último momento el Ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, dijo que también sería incluido en este operativo Manuel Enrique Torregrosa, alias Chang, quien iba a ser extraditado el jueves. El operativo, al parecer, comenzó a las 12 de la noche. Los jefes desmovilizados empezaron a ser trasladados desde Barranquilla, Itaguí y la cárcel de la Picota, en Bogotá hasta el aeropuerto militar de Catam en la capital del país. Allí estaban esperándolos hombres de la DEA para llevarlos a Washington, Houston, Miami y Nueva York, distritos donde los jefes paramilitares enfrentan cargos por narcotráfico. El gobierno aún no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre la decisión de extraditar súbitamente y de forma masiva a estos hombres. Sin embargo, desde hace varios días se esperaba la decisión del gobierno para extraditar a “Don Berna”, bajo el argumento de que este había continuado delinquiendo. Los abogados de algunos de los jefes paramilitares dijeron que sus clientes desconocían que iban a ser extraditados, y argumentan que muchos de ellos habían manifestado recientemente que querían continuar dentro del proceso de Justicia y Paz. Algunos abogados afirmaron esta mañana que el gobierno busca salirse por la tangente con esta medida, justo cuando los desmovilizados jefes como Don Berna, habían empezado a confesar crímenes que implicaban la colaboración y participación del ejército en varios crímenes, como el de la masacre de San José de Apartadó. Otro de los abogados afirmó que era una estrategia del gobierno para contrarrestar el accionar de la Corte en el proceso de la parapolítica. El traslado de los jefes paramilitares puede ser una forma de evitar los problemas de seguridad en las cárceles donde se encontraban recluidos y su ingerencia en el rearme de nuevos grupos armados en distintas regiones del país. Pero su extradición también puede ser una obstrucción al proceso de verdad, justicia y reparación con las víctimas, que se convirtió en tema de un álgido debate desde que se conoció la decisión de extraditar a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. A pesar de que se tiene previsto que los jefes paras continúen sus versiones libres vía satélite desde Estados Unidos, su extradición es por delitos de narcotráfico, y no por los crímenes que cometieron como paramilitares y por los cuales deben reparar a las víctimas.