“Sin comentarios, periodista, sin comentarios”. La frase de un reconocido congresista de la Costa Atlántica ilustra en detalle el nerviosismo que ronda por estos días en el Congreso de la República. Rostros intranquilos, inquietos y asustadizos reemplazan las tradicionales sesiones de bromas que hasta hace poco tiempo eran patrocinadas por los legisladores de la región cada vez que había un debate aburrido en el Senado o en la Cámara de Representantes. El ambiente se comenzó a enrarecer desde el 25 de septiembre, cuando fueron capturados cuatro diputados de Sucre, entre ellos el presidente de la asamblea. Ese día se agudizaron los rumores sobre una investigación que comprometería a varios congresistas, la cual también tendría en cuenta las pruebas halladas en el computador de ‘Jorge 40’, decomisado por las autoridades a alias ‘Don Antonio’. La mencionada investigación no tardó en hacerse realidad: los congresistas Álvaro García, Jairo Merlano (por quienes el DAS ofrece 50 millones de pesos de recompensa) y Erik Morris (quien se entregó el pasado martes) fueron cobijados con orden de detención por la Corte Suprema de Justicia y la embajada de Estados Unidos ya les canceló sus visas. Mientras tanto, la Fiscalía ordenó detener a la ex congresista Muriel Benito Rebollo y como si esto fuera poco, la Procuraduría abrió pliego de cargos al ex director del DAS Jorge Noguera, también por vínculos con el paramilitarismo. Las decisiones de los organismos investigadores terminaron por poner con los pelos de punta a los legisladores que creen tener rabo de paja, quienes ahora se abstienen de hacer cualquier declaración pública sobre el tema: “Ya le dije que no sé nada. Está bien, hablemos, pero en mi oficina”. En medio de la zozobra que se vive en el Legislativo, los congresistas comenzaron a hacer sus propias cábalas. “Yo creo que la Corte va a estudiar el tema por departamentos. Los veo muy interesados en el caso de Magdalena y luego podrían abordar el de Cesar”, dijo un congresista que asegura tener información de que lo llamarán a declarar por los mismos hechos que a sus colegas de Sucre. La paranoia llega a tal punto, que cualquier movimiento parece sospechoso. Que los congresistas de éste departamento se reunieron en un reconocido club de Bogotá, que los otros lo hicieron en casa de uno de ellos, que aquél solicitó cita con Rafael García (el informante en el proceso contra Jorge Noguera), que uno más fue a visitar al Fiscal General en compañía de una ministra del despacho… “Que sobre esos temas no hablo, ya se lo dije”. Pero la más grande expresión del nerviosismo de los legisladores ocurrió cuando los presidentes de Cámara y Senado y los jefes de los partidos uribistas acudieron a la Casa de Nariño para buscar un consenso respecto a la forma como sería manejada la crisis. El presidente de la Cámara, Ape Cuello, argumentó que la esposa del representante Erik Morris le había pedido mediar para que se le garantizara una reclusión en condiciones dignas. Según José Obdulio Gaviria, asesor presidencial, “a quien llegue con una petición de esas, inmediatamente hay que mostrarle el Manifiesto democrático (programa de gobierno de Uribe), en donde dice que se acabarán las cárceles especiales para funcionarios públicos”. Los congresistas asistentes a la cita en Palacio, en la cual también tomaron parte el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y el ministro del Interior, Carlos Holguín, salieron muy molestos tras cruzar versiones según las cuales varios miembros de sus listas estarían también en la mira de la justicia por sus vínculos con el paramilitarismo. La agenda El efecto también se ha sentido en algunos temas de la agenda del Congreso. Si bien es cierto que los trámites de las reformas tributaria y a la Ley 100 avanzaron al punto que la primera se está votando en las comisiones económicas y la segunda ya pasó a plenarias, dichas discusiones tuvieron tropiezos por culpa del escándalo sobre los vínculos entre paramilitares y políticos. Erik Morris, el congresista que se entregó a la justicia el martes por la tarde, es el presidente de la comisión cuarta, que estudia la reforma tributaria. Y Jairo Merlano, uno de los senadores que continúan prófugos, es el vicepresidente de la comisión séptima, encargada de la reforma a la Ley 100. Ambos proyectos son de gran interés para el gobierno, pues de ellos depende en buena medida el cumplimiento de las metas económicas del segundo cuatrienio de Álvaro Uribe. Por esta razón, a muchos congresistas no les extraña que el Presidente haya mantenido una posición silenciosa respecto a la crisis política. Independientemente de que los legisladores vinculados al escándalo sean de la bancada uribista y de que el Presidente deba o no darle una explicación al país por ello, Uribe también debe analizar las implicaciones que tendría una parálisis en la labor del Congreso en pleno final del periodo legislativo. Y es que los problemas para la agenda legislativa ya se comienzan a notar. En la comisión quinta del Senado, que preside el congresista vallenato Álvaro Araújo, se habla del inminente hundimiento del proyecto de ley que permitiría la privatización del 20% de Ecopetrol, iniciativa clave para la tesis uribista de recibir recursos frescos para el país y modernizar la entidad. Araújo es uno de los congresistas más molestos por lo que él denomina una “cacería de brujas” en cuanto a la investigación por la para-política en la Costa Atlántica y así se lo hizo saber a varios de los más altos funcionarios de la Casa de Nariño. El proyecto de reforma a las transferencias –que reduciría los recursos que la Nación transfiere a los departamentos– vive su propio calvario. A un mes de finalizar las sesiones del Congreso, no ha comenzado su discusión en las comisiones primeras de Cámara y Senado, las cuales ni siquiera asistieron completas a una reunión en la que el presidente Uribe pretendía jalarles las orejas por la lentitud en el trámite del proyecto. Incluso la comisión de ordenamiento territorial canceló una sesión que tenía prevista para el 25 de noviembre en Sincelejo, pues considera que no existe un ambiente favorable para la discusión. Eso sin contar con que el proyecto que prorroga la vigencia de la ley de orden público –indispensable para continuar con el proceso con los paramilitares– aún no ha salido de conciliación en el Congreso.