La noticia había dado la vuelta a todo el país: asesinaron al máximo defensor de los derechos humanos en Antioquia. Jesús María Valle Jaramillo fue baleado en su oficina en el cuarto piso del Edificio Colón, en el centro de Medellín. Fue un viernes en la tarde. El 27 de febrero de 1998. Defender los derechos humanos se había convertido una profesión de alto riesgo en Colombia. Jesús María era la víctima número 14 de la última década. La misma semana de su muerte, había rendido versión libre en el proceso por injuria y calumnia que en su contra iniciaron miembros del Ejército por sus denuncias sobre la colaboración de militares de la IV Brigada en las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango, donde él nació en 1944. Estos dos casos se le convirtieron en una obsesión no sólo por los detalles escabrosos de la forma cómo masacraron a campesinos que eran a su vez sus vecinos y amigos, sino porque había suficientes evidencias para demostrar la complicidad entre los paramilitares y el Ejército. Jesús María Valle alertó a diversas autoridades municipales y departamentales sobre la necesidad de que se adoptaran medidas para proteger a la población civil de Ituango. Estas denuncias no sólo fueron conocidas gracias a los medios de comunicación sino que fueron escuchadas, a viva voz, por el comandante de la IV Brigada, Carlos Alberto Ospina, y el gobernador Antioquia de la época, Álvaro Uribe Vélez. El 11 de julio de 1996, en una entrevista para el periódico El Colombiano, Valle dijo: “Desde el año pasado le pedí al gobernador (...) y al comandante de la IV Brigada (...) que protegiera la población civil de mi pueblo, porque de septiembre a hoy han muerto más de 150 personas”. No le creyeron. Pocos días después Uribe lo señaló como “enemigo de las Fuerzas Armadas” y fue denunciado por calumnia ante los tribunales. Pero Valle era uno de los más duros críticos del gobierno de Álvaro Uribe, a quien acusaba de estar alentando el accionar de los grupos de justicia privada y el día de su versión libre, se ratificó en sus denuncias. “Se percibe esa connivencia entre comandantes de la Policía y el Ejército con aquellos agentes armados que cometen una serie de asesinatos en el perímetro urbano de nuestros municipios” dijo Jesús María. La resistencia y la oratoria eran dos características de su personalidad bastante reconocidas. Su trayectoria así lo demuestra. Fue fundador del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia en 1979 y luego sucedió en la presidencia de ese grupo al médico Héctor Abad Gómez, asesinado el 25 de agosto de 1987. Profesor de pruebas penales, de ética y derecho procesal y penal en la Universidad de Antioquia, en la Autónoma y en la Universidad de Medellín. Concejal de Ituango y diputado de la Asamblea de Antioquia por el Partido Conservador. Sus intervenciones en público eran famosas por sus alegatos llenos de humanismo: “En el fondo todo hombre, por ruin y bajos que sean sus instintos, por malo que sea, subyace un sentimiento bueno, enfocado hacia su madre, hacia Dios o hacia la mujer que ama”. Y no sólo se caracterizó por sus aportes intelectuales a la defensa de los derechos humanos, sino que siempre estuvo atento a las reivindicaciones populares. Seis meses antes de su muerte, tras elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos en Antioquia, Jesús María dijo tres cosas que el líder paramilitar, Salvatore Mancuso, ratificaría en la versión libre del pasado mes de enero en Medellín. Valle habló de fuerzas oscuras que reemplazaron a las autoridades locales; Mancuso aceptó la participación del Estado en la operación paramilitar. Segundo, Valle se refirió a las Convivir, a los paramilitares y las autodefensas como una misma cosa; Mancuso, ex comandante del Bloque Catatumbo de las AUC, admitió haber hecho parte de una Convivir. Y tercero, Jesús María recordó cómo fuerzas oscuras masacraron campesinos en el departamento; Mancuso, confesó su autoría en la masacre de El Aro. Pero hubo más revelaciones. Las denuncias hechas por Valle sobre el contubernio entre paramilitares y Ejército también fueron ratificadas por el líder paramilitar. Éste dijo que el general Alfonso Manosalva, entonces comandante de la IV Brigada, les entregó “la información y los mapas” para la matanza de El Aro. Las denuncias hechas por Jesús María Valle llegaron después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que terminó condenando al Estado colombiano por la relación de militares con las masacres de Ituango. Y hace dos semanas, CIDH interpuso una nueva demanda al Estado pero esta vez por la muerte del defensor de los derechos humanos. En sus argumentos cita información de la Fiscalía Regional de Medellín según la cual "existía prueba de que el asesinato había sido planeado con la participación del general Alfonso Manosalva... fallecido para el momento de los hechos". Los fiscales que en su momento dedujeron esto, tuvieron que irse al exilio. La CIDH será la encargada de determinar la responsabilidad del Estado colombiano en este crimen. Un crimen que Jesús María Valle preveía. Días antes de su asesinato había dicho que prefería morir con dignidad que arrodillado frente a quienes habían convertido a Colombia en un país paria para los derechos humanos en el mundo. Y así fue. Ese viernes, cuando vio entrar a su oficina a los dos asesinos, le dijo a su hermana, que hacía las veces de secretaría personal: “Tranquila Nelly que ya nada podemos hacer. Deje que las cosas pasen”.