Por Jeanne Kelly Ruíz y Jorge Iván Palomino *El pasado mes de noviembre se cumplieron 5 años del descalabro financiero más grande de Colombia con el caso de Interbolsa. Luego de más de 20 años de actividad, la empresa que llegó a ser la principal corredora de bolsa del país quebró: las malas prácticas la condujeron a apalancarse con el sistema bancario local a niveles insostenibles por lo que el gobierno ordenó su liquidación en el 2012 (Resolución número 1812 de la Superintendencia Financiera). De acuerdo con algunos analistas hay varias lecciones que deja este caso. Estas son 10 de ellas: El mercado va más rápido que el regulador:la evolución de los diferentes instrumentos financieros es tan rápida que las entidades de regulación siempre están un paso atrás. En el caso de Interbolsa, el problema radicó en las operaciones REPO con las acciones de Fabricato como respaldo; la crisis del 2008 en Estados Unidos fue debido a las hipotecas Subprime. ¿Cuál será el siguiente instrumento financiero que se le escape a las autoridades reguladoras? Falta diligencia en la intervención de los entes reguladores:¿Cómo se explica que ninguna de las entidades de monitoreo tuviera alguna duda de lo que estaba pasando con las acciones de Fabricato al presentar un aumento tan vertiginoso en tan corto tiempo (en un año, las acciones aumentaron en más de 300%)? Faltó celeridad de la Superintendencia Financiera y del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) quesegún Mauricio Rosillo Rojas, ex-presidente de esta entidad, contaba con uno de los tres esquemas más avanzados del mundo: “Por encima de nosotros están el sistema Finra en Estados Unidos, y el AIRO de Canadá” declaró Rosillo en el 2008. La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) requiere vigilancia desde adentro:aunque se tiene a la Superfinanciera y el AMV como entidades de vigilancia y control, el esquema no es suficiente. Es necesario contar con un comité independiente del mercado financiero, que vigile desde el interior de la BVC movimientos y prácticas atípicas y reporte directamente a la Superfinanciera en tiempo real. Puedes leer: La polémica sentencia a los ‘cerebros’ de Interbolsa Los descalabros financieros dejan rezagos de temor y mala reputación que no se recuperan rápidamente:después de 5 años el número de compañías que participan en la bolsa en lugar de aumentar ha disminuido (por ejemplo Isagén y Tablemac se retiraron de la bolsa), también lo hicieron varias empresas comisionistas (en el 2012 había 29 sociedades y en la actualidad hay 21). El mercado colombiano sigue siendo incipiente:durante la época de Interbolsa los volúmenes de negociación alcanzaron niveles superiores a los 300.000 millones de pesos (hoy en promedio alcanzan 110.000 millones), sin embargo, tales niveles de transacción fueron una ilusión por exceso de liquidez y especulación, porque en realidad el mercado bursátil colombiano sigue siendo marginal. Los consumidores también tienen la culpa:aunque es entendible las pérdidas que se generaron con el cierre de la comisionista (se estima que el desfalco al Fondo Premium –ligado con el desfalco de Interbolsa– superó los 330.000 millones de pesos) queda en evidencia que muchos de los consumidores (en especial inversionistas pequeños) no conocen los productos que adquieren en el mercado, por lo que se requiere de una mayor educación financiera. Las rentabilidades altas siempre conllevan riesgos eminentes:la ambición de los clientes así como de los agentes intermediarios por reproducir el dinero rápidamente fue el común denominador. Todos apostaban a que las acciones de Fabricato seguirían subiendo, pero no fue así. Tan grande fue la ambición de obtener ganancias que olvidaron que igual de grande era la exposición a tener grandes pérdidas: las altas rentabilidades siempre son riesgosas. En contexto: Los 1.460 días de pesadilla de Interbolsa El proceso penal por debajo de las expectativas de las víctimas:el caso Interbolsa es un ejemplo de que las víctimas siguen sin ser una prioridad dentro del sistema acusatorio. El aplazamiento reiterado de las audiencias encaminadas a esclarecer la responsabilidad de los implicados en las defraudaciones, motivó incluso un pronunciamiento del Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez. Solo las audiencias en las que se pidió la libertad de los acusados fueron las que se tramitaron con celeridad y nueve de ellos fueron dejados en libertad a lo largo de los procesos. Dentro de estos se encontraban Alessandro Corridori, Juan Andrés Tirado, Rachid Maluf y Víctor Maldonado. El mayor o menor debate público incide significativamente en el rumbo de los procesos penales:la notoriedad del caso obligó al Fiscal General de la Nación a pedir al Consejo Superior de la Judicatura que investigara disciplinariamente la conducta de los abogados de los casos Interbolsa y el Fondo Premium, por considerar que utilizaron estrategias para dilatar injustificadamente los procesos. Sin embargo, en otros procesos penales, las prácticas para dilatarlos también son frecuentes y en muy pocas oportunidades la Fiscalía responde de manera tan contundente. La relevancia pública de este caso también afectó el acuerdo sobre el principio de oportunidad que había realizado la Fiscalía con Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz. La llegada de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía y el debate mediático generado en torno a esta decisión permitió que se revirtiera, por considerarla contraria a los derechos de las víctimas, pero dejó dudas sobre la forma en que este tipo de figuras son usadas en casos de menor renombre. Los controles administrativos son rápidos para sancionar pero lentos para prevenir:la Superintendencia de Sociedades impuso sanciones a Juan Carlos Ortiz Zárrate, Rodrigo Jaramillo y Ruth Estella Upegui impidiéndoles participar de actividades comerciales durante un periodo de diez años. Por su parte el tribunal disciplinario de la Junta Central de Contadores, ordenó cancelar el registro profesional de Grant Thornton Fast & ABS auditores, quienes se desempeñaban como revisores fiscales de Interbolsa.
La Superintendencia Financiera inhabilitó a Alessandro Corridori por cinco años y también le impuso una multa de 173 millones de pesos por hallarlo responsable de la manipulación del precio de la acción de Fabricato. Sin embargo, el entonces superintendente financiero Gerardo Alfredo Hernández Correa, también resultó sancionado por la Procuraduría por no adoptar medidas tendientes a evitar el grave perjuicio a los inversionistas. Esto demuestra que las acciones administrativas si bien fueron oportunas en términos de sanción, no lo fueron en cuanto a prevención.Con las lecciones que deja este amargo episodio, resta esperar que se adopten medidas que permitan mejorar cada vez más los procesos de vigilancia y control en tiempo real, se endurezcan las penas por malas prácticas y se repare a las víctimas de modo que se recupere la confianza de los inversionistas y con ello las perspectivas de crecimiento del mercado bursátil colombiano.*Estudiantes de la maestria de periodista de la Universidad del Rosario y SEMANA.